Este martes, la Corte Suprema de Justicia falló en favor del gobierno porteño contra el DNU presidencial que suspendió las clases presenciales. De forma unánime, el máximo tribunal señaló que se vulneraba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno nacional lanzaron duras críticas.

Los magistrados Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fijaron posiciones en conjunto, mientras que Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo hicieron de manera individual. Elena Highton, en tanto, se abstuvo al considerar que el caso no era competencia de la Corte Suprema.

Tras conocerse la sentencia, esta tarde Alberto Fernández apuntó contra los magistrados. «Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos», sostuvo. «Voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas de sentencias», afirmó en el acto de presentación del Plan Federal Juana Manso con el que se distribuirán 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

«Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertido en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso», agregó, escoltado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al máximo tribunal a través de sus redes sociales: «La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias».

«Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte? Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño».

El ministro de Justicia, Martín Soria, también decidió pronunciarse al respecto y consideró que el fallo es «una decisión irresponsable». «El fallo de la CSJN es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas: se miden en vidas», aseguró en su cuenta oficial de Twitter.

Además, manifestó que «avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia, es aceptar la derrota contra el virus», y que «la autonomía de CABA, como la de las provincias, no es absoluta».

Asimismo, Soria cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por «judicializar la pandemia con una clara intención electoral», y recordó que el año pasado, con menos cantidad de casos de covid, «adhirió a todos los DNU», y que «lamentablemente» la Corte Suprema «se prestó a este juego». «¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable?», sentenció.

«Ninguna política aislada va a poder frenar la pandemia. Lejos de posturas caprichosas buscaremos, como siempre, las vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos», aseguró Soria.

Los fundamentos de la Corte

Si bien el DNU en disputa dejó de estar vigente el viernes pasado, la Corte Suprema consideró necesario dejar establecida su posición «dado que las circunstancias pueden prorrogarse o repetirse en el futuro».

En sus fundamentos, Maqueda y Rossatti sostuvieron que el gobierno no fundamentó de manera clara la intervención sobre esta decisión y que es en este caso la ciudad de Buenos Aires quien tiene la autonomía para definir la modalidad educativa, así como también «la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria».

Lorenzetti, por su parte, argumentó que «el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros». Sin embargo, aclaró que esto se da «siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad».

Rosenkrantz, al igual que Maqueda y Rosatti, manifestó que es la ciudad de Buenos Aires la que tiene la potestad de decidir bajo qué modalidad se desarrolla la escolaridad. En ese sentido, aclaró que una decisión de este tipo tomada por el Estado nacional «solamente podría validarse constitucionalmente si encontrase respaldo en la facultad exclusiva del Congreso para reglar el comercio de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13 de la Constitución) o en las facultades concurrentes del Congreso, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para promover el bienestar de todas las provincias (art. 75, inc. 18 de la Constitución)».