El espionaje ilegal durante el macrismo fue definido por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia como un plan sistemático de amedrentamiento y persecución contra ciudadanos argentinos por razones políticas, tras más de un año de reunir información y testimonios acerca de una práctica que definió en gran medida la situación política y judicial de la Argentina entre 2015 y 2019.

«La conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el periodo 2015-2019 no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política», señaló el presidente de la comisión, el diputado Leopoldo Moreau, durante la conferencia de prensa en la que fue presentado el informe. 

Además de la información detallada sobre los casos investigados durante el proceso, en la conferencia apuntaron también contra los vínculos de los organismos y agentes de inteligencia con el Poder Judicial y la connivencia en varios de los hechos. «Hemos observado que un puñado de magistrados, fundamentalmente aquellos que se refugian en Comodoro Py, llevaron adelante tareas de común acuerdo con los grupos de espionaje», manifestó Moreau, y pidió la conformación de otra comisión bicameral que realice un trabajo similar siguiendo la línea judicial.

El diputado detalló que el espionaje no solamente involucró a la Agencia, sino también otros organismos como la «AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores». 

El resultado del informe arrojó un total de 307 víctimas probadas a través de expedientes judiciales, y unas 170 organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales.

«Para esto se procedió a desarticular el interior de la Agencia Federal de Inteligencia, a poblar las áreas de personal afín al Gobierno y desmantelar de manera progresiva las herramientas de control internas», señala el documento, y cuestiona la falta de control parlamentario sobre los organismos de inteligencia.

«Durante el Gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa», manifestaron los diputados y senadores firmantes.

«El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales», señala también el dictamen.

Los representantes del bloque de Juntos por el Cambio emitieron un dictamen en minoría donde descalificaron el trabajo realizado por la comisión por temor de parcialidad.