A pesar del prolongado cierre de diálogo del intendente de La Plata, Julio Garro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió tomar cartas en el asunto ante la creciente problemática por la falta de políticas de seguridad en la capital bonaerense. El propio gobernador, Axel Kicillof, decidió hacerse presente en la ciudad junto al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, para incrementar los recursos en el distrito donde la violencia social es cada vez más palpable.

En medio de un clima de fuertes cuestionamientos hacia el intendente por la oleada de contagios de covid-19 que ubicó a La Plata como una de las ciudades de mayor emergencia en el país, Kicillof y Berni decidieron reforzar el equipamiento de seguridad local e hicieron entrega de sesenta nuevos patrulleros.

«Cuando asumimos había un faltante de móviles policiales tanto en La Plata como en toda la provincia, por eso decidimos llevar adelante uno de los planes de inversión más importantes en materia de seguridad», expresó Kicillof, y agregó: «A partir de un refuerzo nacional, estamos destinando 37.000 millones de pesos para equipar a la fuerza y reforzar las tareas necesarias de prevención del delito».

Desde principios de este año, al aumento del delito en la ciudad de La Plata –una de las más afectadas en la provincia de Buenos Aires por la desocupación y la indigencia– se sumó la evidente falta de control de la nocturnidad, las fiestas clandestinas y las aglomeraciones en espacios públicos durante la última parte de 2020 y los primeros meses de 2021.

Las críticas por parte de la comunidad platense fueron contestadas por Garro con un permanente señalamiento hacia la gestión bonaerense, a la que acusaba de no destinar los recursos necesarios, en plena etapa de polarización de Juntos por el Cambio con el oficialismo.

En ese marco, Provincia intervino con nuevo equipamiento para La Plata, no solo con un objetivo operativo, sino también como un gesto «antigrieta» en medio de la fuerte campaña de descrédito que Juntos por el Cambio inició contra el gobierno, de cara a las próximas elecciones.

«Tanto para enfrentar problemas estructurales de la seguridad como para abordar la problemática actual que genera la segunda ola de coronavirus, necesitamos la colaboración de la ciudadanía y el trabajo conjunto», explicó Kicillof, y concluyó: «No hacemos distinciones entre autoridades municipales oficialistas u opositoras, lo único que nos importa es el bienestar de los y las bonaerenses».

Vale recordar que las reticencias de Garro con Provincia en materia de políticas de seguridad tienen un largo historial. Uno de los puntos de mayor fricción se produjo cuando el ministro Sergio Berni decidió, en noviembre de 2020, desplazar a los jefes de la Departamental La Plata y de la ex Policía Local, Sebastián Martínez Pass y Pablo Moracca, ambos ubicados allí por el intendente platense. Martínez Pass estaba señalado por ser quien controlaba la Policía Local al momento de la muerte de Emilia Uscamayta Curí, fallecida en una fiesta clandestina que puso al desnudo la complicidad de varios funcionarios y empresarios allegados a Garro como propiciadores del hecho. Desde entonces, el Municipio ha tenido reticencia al diálogo con Provincia, al punto de cerrar comunicaciones.

«Al parecer, para el intendente Julio Garro y sus secretarios deben ser otros los que resuelvan las nuevas problemáticas y es por eso que no actúan hasta que alguien se hace presente en la ciudad resolviendo lo que deberían al menos intentar hacer ellos», expresó en aquel momento el director provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de la provincia, Marcelo Montero.