El gobierno nacional instruyó a la Procuración del Tesoro para que se constituya en parte querellante en la causa que investiga la gestión del expresidente Mauricio Macri por presunta «defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública», por el megacrédito solicitado al FMI de más de 44.000 millones de dólares.

El decreto 239/2021, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, remarca la necesidad de que la Procuración del Tesoro «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado nacional».

El presidente Alberto Fernández instruyó al organismo que preside Carlos Zannini a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».

A su vez, el decreto instruyó a que la Sindicatura General de la Nación «determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada».

También solicitó la colaboración técnica del Banco Central (BCRA) para la Procuración del Tesoro, con el fin de «ayudar con la tarea de determinación del posible perjuicio patrimonial ocurrido».

Cabe recordar que Zannini fue uno de los presos políticos que padeció la persecución judicial impulsada por el macrismo, en coordinación con los medios de comunicación dominantes y sectores del Poder Judicial. En el marco del juicio por el Memorándum de Entendimiento con Irán, el ahora procurador fue detenido por orden del fallecido juez Claudio Bonadio el 7 de diciembre de 2017. Recuperó su libertad el 24 de marzo de 2018.

Cómo avanzó la denuncia

La denuncia contra Macri había sido anunciada por Alberto Fernández el 1º de marzo, durante su discurso ante la asamblea legislativa. Allí el mandatario definió el endeudamiento con el FMI como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra». En ese marco, dejó claro que la querella criminal apunta a una investigación para determinar la existencia de esos delitos.

Primero, la Sigen elaboró un informe de auditoría donde constató que el crédito stand by incumplió la normativa vigente para la toma de deuda pública. La Sigen había tomado como insumo otro informe del Banco Central de diciembre de 2020, titulado «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019», donde vinculó la toma de deuda con la salida de capitales del sector privado y los deficientes controles cambiarios aplicados, en detrimento de las finanzas públicas.

Con los antecedentes de la Sigen y el BCRA, la Oficina Anticorrupción presentó el 12 de marzo la denuncia penal caratulada «Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública», que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de CABA. Además de Macri, incluye a funcionarios de su gobierno, como Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

El crédito que tomó Macri del FMI fue el más grande de la historia del organismo, después del comienzo de la crisis financiera de abril de 2018 que le cerró el acceso a los mercados tradicionales. Actualmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene negociaciones con las autoridades del organismo para un nuevo programa que tenga como eje evitar poner en riesgo la reactivación económica, según él mismo definió.