El gobierno nacional comenzó hoy con la primera audiencia pública para establecer el precio de las tarifas de gas, donde participaron representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, empresarios de las distribuidoras y particulares, entre otros.

La jornada se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y, también, para determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.

La audiencia empezó a las 10 hs, convocada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

Los expositores coincidieron -en su gran mayoría- en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población, después de dos años de recesión macrista y tarifazos y un año desde la llegada de la pandemia. 

«Cuando asumió el gobierno, las treinta entidades que funcionan en el ámbito del Enargas le pedimos a la Secretaría de Energía que se anulara los aumentos para 2020 por la crisis económica y la pandemia. Afortunadamente fue así. Ahora tenemos que discutir cuál es la porción del gas en boca de pozo que se traslada a las facturas», comenzó el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bussetti.

Por su parte, Héctor Polino, de Consumidores Libres, directamente rechazó los aumentos. «En una circunstancia tan especial de la vida económica que vive el mundo y nuestro país como consecuencia de la pandemia, un aumento en el precio del gas en boca de pozo puede afectar aún más el bolsillo de amplísimos sectores de la sociedad».

De acuerdo con el informe técnico que presentó la Secretaría de Energía en la previa a la audiencia, actualmente el Estado nacional toma a su cargo una porción equivalente al 60 % del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria. Continuar con estos porcentajes durante este año implicaría un costo fiscal anualizado de 132.963 millones de pesos y requiere partidas adicionales no previstas en el Presupuesto 2021. De esta manera, para continuar con el congelamiento existe un faltante de 56.087,9 millones de pesos, ya que la partida presupuestaria de 2021 representa 76.875,1 millones, según el informe.

El análisis oficial parte de los supuestos contemplados, por un lado, en el Presupuesto 2021 y, por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central. Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos.

Videla Oporto planteó que, en caso de no haber partidas presupuestarias adicionales, «la alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23 % según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35 % de acuerdo con las estimaciones del REM».

Las asociaciones de consumidores subrayaron también que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo. En particular, plantearon que, previo a la audiencia, el gobierno ya había definido el precio tope del gas en boca de pozo. «¿La Secretaría de Energía analizó cuál es el costo real de la producción del m3 del gas? ¿O es un valor que fijan las empresas y que luego el gobierno de turno traslada a través de un aumento de tarifas o de un aumento de subsidios?», cuestionó Polino.

A su turno, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos remarcó la importancia de la política tarifaria que aplicó el kirchnerismo, para beneficio de las familias y del sector productivo. «Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia», sostuvo la economista.

«Esos subsidios -prosiguió Vallejos- también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas», resaltó.

Por su parte, José Luis Ramón, diputado y presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, también respaldó los subsidios como parte de la política tarifaria. Planteó que son una «herramienta» para que este servicio «esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado».

Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. «La Justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de 3,51 dólares. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de 7,60 dólares». Y remató: «Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800 % del ajuste del valor trasladado a los usuarios».

En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. «Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social», afirmó.

Por otro lado, Emanuel Desojo, de AJUS La Plata-Berisso-Ensenada, señaló que «el costo del componente de gas natural que pasa a la tarifa debe adecuarse a los salarios, que no están dolarizados y que han sufrido cuatro años de un gobierno neoliberal».

La segunda audiencia será mañana desde las las 9 hs. En este caso convocó el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por la Resolución 47/21. La presidirá su interventor, Federico Bernal, y su gerente general, Osvaldo Pitrau. Allí se abordará el régimen tarifario de transición que dispuso el Decreto 1020/20.

De esta manera, la segunda audiencia se enfocará en la adecuación transitoria de las tarifas para este año y se analizará la evolución de las mismas que se les reconocerá a las dos empresas de transporte de gas y a las nueve distribuidoras que abarcan todo el país. La tarifa transitoria regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores.

El gobierno nacional tomó la posición de que la actualización de las tarifas no debe impedir la recuperación de los salarios y las jubilaciones, de modo de impulsar la recuperación del consumo. «La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin», graficó Alberto Fernández el 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados.

Por su parte, el 18 de diciembre durante el acto del Frente de Todos en La Plata, la vicepresidenta Cristina Kirchner había planteado que durante el 2021 los salarios y las jubilaciones debían alinearse a los precios, sobre todo de alimentos, y a tarifas, como condición clave del crecimiento económico. «No quiero que el crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más», advirtió.