En un nuevo avance institucional contra las medidas legadas por la anterior gestión de Cambiemos, el gobierno dio un paso clave y derogó un decreto que había recibido fuertes críticas de organismos de derechos humanos por su retroceso en materia de políticas migratorias. Alberto Fernández firmó la derogación de la reforma realizada sobre la Ley de Migraciones, que apuntaba a deportar migrantes de la Argentina bajo la excusa de la «lucha contra la inseguridad».

Se trata del Decreto 70/2017 impulsado por Mauricio Macri, que modificó aspectos de la Ley 25.871, que establece el régimen de la política migratoria. En esa maniobra se pautaban premisas tales como deportar del país a migrantes con antecedentes de delitos o prohibirles el ingreso. En solo dos años de vigencia, el gobierno macrista expulsó del país a 3.000 inmigrantes y limitó el ingreso de muchos más que contaban con antecedentes penales.

«Hoy es un día de celebración. El presidente de la Nación Alberto Fernández derogó el Decreto 70/17 y la política migratoria argentina vuelve a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes», expresó la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a través de las redes sociales.

El DNU del macrismo fue dado por tierra a través del Decreto 128/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández y publicado este viernes en el Boletín Oficial. Entre sus considerandos destaca que los cambios a la Ley de Migraciones impulsada por el gobierno anterior eran «irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

«Este decreto que hoy se derogó reformaba, de manera inconstitucional, la Ley de Migraciones. Fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos en Argentina y por organismos internacionales. También en causas individuales y procesos judiciales colectivos», agregó la abogada y funcionaria nacional.

«Hoy, Argentina vuelve a estar a la vanguardia con su normativa migratoria. Hoy estamos más cerca de la Patria Grande que soñamos y por la que tanto trabajamos de manera colectiva, para garantizar la libertad de nuestros pueblos», agregó Gómez Alcorta.

Cabe recordar que Amnistía Internacional había lanzado fuertes críticas a la medida tomada por Macri por atentar contra los derechos de las personas migrantes. El organismo había advertido sobre los «impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país», y sostuvo que aceleraba los trámites de expulsión «reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa» y eliminando «la unidad familiar como condición para evitar la expulsión, restringiendo el acceso a la nacionalidad argentina».

«El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata», expresó, por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).