El Ministerio de Educación de la Nación presentó un pedido de investigación ante la Oficina Anticorrupción por la transferencia de recursos estatales por 62 millones de dólares en el marco del programa denominado «3000 jardines» impulsado en 2016 por el gobierno macrista, medida que esa gestión no cumplió.

La cartera educativa informó que de los 3.000 jardines de infantes previstos solo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107. Se trata de una serie de irregularidades en cuatro licitaciones de un total de diecisiete para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, según información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos. Los datos evidencian una falta de correspondencia entre las obras y los montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas.

El 34 % del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L., a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorberlas.

Esa empresa «recibió transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50 por ciento y un 75 por ciento de avance, 19 registraban entre un 20 por ciento y un 49 por ciento de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20 por ciento. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11 por ciento», indicó Educación en un comunicado.

En la presentación del Ministerio se detalla que el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6.000 millones de pesos. Más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Entre las irregularidades detectadas, destacó abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra, en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

De acuerdo con el análisis que hizo el Ministerio que conduce Nicolás Trotta, otro dato llamativo se vincula con la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30 %, pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

A su vez, las multas por incumplimiento, calculado a fines del mes de julio de 2018, ascendía a 78 millones de pesos, pero, más allá de los informes confeccionados al respecto, no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Solo se aplicaron por aproximadamente 7 millones.

«Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor», explicó Trotta.

El ministro agregó que «además de poner a disposición la documentación correspondiente para verificar si se cometió algún ilícito en perjuicio del patrimonio del Estado, cuyo encuadre y tipos penales deberá determinar la Justicia, nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional, por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras». Y completó: «A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas».

Desde Educación señalaron que para el plan 3000 jardines del macrismo se dejó de lado la experiencia de décadas en materia de infraestructura escolar y se empleó un sistema constructivo industrializado ajeno a la mayoría de las realidades locales con tecnologías constructivas con materiales importados concentrados en pocas manos, se armaron paquetes de obras que dejaron sin posibilidad de participación a las pymes constructoras locales y se adjudicaron en muchos casos a empresas sin capacidad para su ejecución.