El Poder Ejecutivo reglamentó hoy la Ley de Aporte Extraordinario y Solidario, con el que busca sumar recursos para financiar las políticas destinadas a morigerar el impacto de la pandemia. La iniciativa establece un aporte por única vez para los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el Impuesto a los Bienes Personales más de 200 millones de pesos.

La reglamentación fue a través del Decreto 42/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial. Tiene doce artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán. La Ley N° 27.605 se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre y se promulgó el 18 de ese mes. Al aporte lo pagarían solo 12.000 contribuyentes y desde hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está facultada a notificarlos. Esperan recaudar más de 300.000 millones de pesos. 

La medida establece un aporte por única vez que parte de una tasa del 2 % para los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el Impuesto a los Bienes Personales más de 200 millones de pesos. Luego, la tasa sube de acuerdo con el rango de fortuna declarado: será del 2,25 % para quienes se encuentren entre los 300 y los 400 millones de pesos, del 2,50 % para aquellos que tengan entre 400 y 600 millones de pesos, y del 2,75 % para aquellos patrimonios entre 600 y 800 millones de pesos. El aporte se eleva hasta el 3 % en el caso de las fortunas entre los 800 y 1.500 millones de pesos y se extenderá hasta el 3,25 % para quienes tengan entre 1.500 y 3.000 millones de pesos. Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5 %.

Los fondos serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia (20 %), apoyar a las pymes (20 %), urbanizar barrios populares (15 %), invertir en la producción de gas natural (25 %) y relanzar el Progresar para los jóvenes (20 %).

La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia.

Según la AFIP, el 42 % de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados, y el 92 % de estos están declarados en el exterior. Estos datos van contra los planteos de Juntos por el Cambio, que durante el tratamiento del proyecto afirmó que perjudicaba la actividad productiva, la inversión y a las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, solo lo pagan los más ricos del país y recae sobre las personas físicas, no sobre las empresas.

El proyecto ingresó al debate público en abril del año pasado, tensó la relación entre oficialismo y Juntos por el Cambio, que defendió a los contribuyentes (representan el 0,02 % de la población, según AFIP), y fue uno de los principales temas económicos del Congreso durante el año.

La reglamentación detalló que la AFIP contará con las herramientas de información necesarias para verificar y fiscalizar las situaciones en que se verifiquen «variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte» durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que «hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o que esté destinada a eludir su pago».

El decreto define, además, que la repatriación del 30 % de los activos financieros del exterior puede ser parcial o total; y permite traer fondos a la Argentina para aportarlos a sociedades locales.

Dirigentes del Frente de Todos celebraron la reglamentación

Funcionarios y legisladores del oficialismo destacaron la medida. «Los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad», tuiteó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, uno de los primeros en expresarse.

En tanto, el diputado Carlos Heller, principal armador del proyecto cuya iniciativa fue del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, destacó que «la ley tiene todo un simbolismo de política redistributiva». En diálogo con AM 990, agregó que «redistribuir significa lograr que los que tienen más pongan en un lugar destinado a los que tienen menos. Están los que tienen más y los que necesitan más, y eso es lo que tiene que estar presente en las políticas que se diseñan».

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recordó que días atrás la reconocida ONG británica Oxfam puso a la Argentina como ejemplo por el nuevo Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas que votó el Congreso, en el marco de un informe sobre los niveles de desigualdad en el mundo, que se ampliaron con la pandemia.

«Para un país en el que, en cuatro años de macrismo y un 2020 de pandemia, la desigualdad ha avanzado de manera obscena, el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas es, sin dudas, una bocanada de aire fresco», dijo, por su parte, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos. «La mayoría del pueblo argentino celebra el aporte extraordinario, porque expresa el anhelo de construir un país más justo y solidario. Es ese el camino que debe recorrer la política argentina», añadió a Télam la presidenta de la Comisión de Finanzas.