A dos semanas de promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a días de su puesta en marcha, la flamante normativa ya encontró su primer gran obstáculo en Chaco, donde la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti dio lugar a una cautelar para declararla inconstitucional, por lo que quedó en suspenso en territorio chaqueño. Fuertes críticas desde el movimiento feminista, desde donde tildaron de «vergüenza jurídica propia del activismo conservador» la decisión de la magistrada.

Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, dio lugar a la cautelar presentada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina contra la Ley N° 27.610, dirigida a «el Gobierno de la Provincia del Chaco y/o el Ministerio de Salud Pública del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco y/o quien resulte responsable».

En dicha presentación, las denunciantes sostuvieron que el artículo 15 inciso 1 de la Constitución de Chaco garantiza «el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana».

Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la medida cautelar dictada por la magistrada chaqueña es «formalmente inválida». La IVE «contiene derecho federal (arts. 1 al 13), la autoridad de aplicación es el Estado federal (art. 20) y el derecho común (arts. 14 a 18) se debe aplicar en un caso concreto», detalló el especialista en sus redes.

Gil Domínguez criticó la falta de argumentos en la cautelar y apuntó contra la jueza por suspender la vigencia de la normativa en Chaco basada «en el derecho local como si nuestro modelo fuera una Confederación con derecho de secesión y no un Estado federal con competencias definidas».

En la misma línea se pronunció la abogada feminista Soledad Deza, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. «Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción», dijo a Télam.

Para la abogada, este tipo de demandas «son una aventura jurídica, la legitimación activa es muy seria en un proceso y esta decisión omite ese análisis como también el de la legitimación pasiva y la inexistencia inocultable de caso».

«Es una vergüenza jurídica propia del activismo conservador que se alía para mudarse al Poder Judicial cuando perdió en el debate legislativo. Previsible la demanda, pero no deja de sorprender la connivencia judicial al desconocer la supremacía constitucional y prestarse a este juego destinado al fracaso, pero que tanto daño hace a la sociedad y las instituciones», señaló.

La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional Chaco, en tanto, aún no se pronunció al respecto, pero adelantó que ya se encuentra preparando una estrategia para hacerle frente a esta cautelar.

Asimismo, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco lanzaron un breve comunicado respecto de la medida judicial, donde aclararon que «el gobierno provincial no ha sido notificado al respecto».

«Somos respetuosos del Estado de Derecho, respetamos los procesos judiciales y llegado el momento, contestaremos de tal forma. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes», concluyeron.