Funcionarios, dirigentes y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos convocaron a una marcha al Palacio de Tribunales este sábado para pedir la liberación de la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra detenida (ahora en prisión domiciliaria) junto a compañeros y compañeras de la organización Túpac Amaru. Bajo la consigna «Milagro Sala, 5 años presa política», la marcha partirá a las 12 desde la calle Alsina y avenida 9 de Julio y finalizará frente al máximo tribunal de Justicia, en Talcahuano y Tucumán (CABA).

A cargo de la convocatoria estuvo el Comité por la Libertad de Milagro Sala, integrado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Frente Milagro Sala, la Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), y las organizaciones La Cámpora, Unidos y Organizados, 27 de Octubre, Los Irrompibles y el Frente Barrial de la CTA, entre otras.

Según explicaron sus organizadores, la concentración se realizará respetando el distanciamiento físico, en el marco de la pandemia de covid. «Queremos hacer la manifestación con la mayor precaución posible», explicó a Télam Eduardo Montes, secretario general de Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), uno de los organizadores.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, también convocó. «La Corte que la corte», publicó en su cuenta de Twitter, junto con la convocatoria de La Cámpora.

El sábado se cumplen cinco años de la detención de Sala, cuando se encontraba encabezando un acampe frente a la Gobernación jujeña en protesta al gobierno del radical Gerardo Morales. Desde aquel momento, la Justicia provincial llevó a cabo una campaña de avanzada en su contra, a través de seis juicios y dos condenas, ninguna de las dos firme. La primera fue por arrojar «huevazos» en contra de Morales cuando este era senador de Jujuy, en 2009. A Sala la acusaron de instigar al escrache y la condenaron a tres años de prisión, a pesar de que no se probó su participación. Por la segunda condena, del año pasado, la sentenciaron a trece años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en una causa conocida como «Pibes Villeros», que investigó supuestos desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.

El miércoles, más de 1.600 dirigentes políticos y referentes sindicales, académicos, judiciales, de las organizaciones de derechos humanos y de los movimientos populares reclamaron la libertad de Milagro Sala y de las y los demás dirigentes sociales detenidos, y el fin de la persecución judicial contra la dirigente y su organización.

«La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy», sostuvieron en una carta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala».

El escrito cuestionó las irregularidades en los procesos judiciales contra Sala. «La falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión», indicaron. «Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo. El Tribunal Oral en su resolución del 27 de junio de 2018 rechazó la totalidad de la prueba pericial y documental ofrecida y admitió la declaración de solo 6 testigos sobre los 83 ofrecidos».

Entre las y los firmantes hay varios funcionarios del oficialismo, como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), Paula Español (secretaria de Comercio Interior), María Laura Garrigós (subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia), Julio Alak (ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires) y Dora Barrancos (asesora presidencial). 

A su vez, firmaron numerosas figuras de los movimientos sociales y eclesiásticos, como Juan Grabois (titular de Frente Patria Grande) y el padre «Paco» Olveira (Cura en Opción por los Pobres), y legisladores nacionales, como las senadoras Nancy González y Beatriz Mirkin, y las diputadas Mónica Macha, Lucía Corpacci y Paula Penacca.