«Todas las medidas que (los trabajadores) siguieron consiguiendo con Cámpora, Perón e Isabel, implicaban una distribución de los beneficios que eran muy grandes», aseguró Verbitksy ante el TOC Nº 1 al referirse al caso de la empresa metalúrgica Saiar-Rheem, ubicada en la provincia de Buenos Aires, perteneciente al grupo argentino Garovaglio-Zorraquin. A la empresa no le agradaba mucho distribuir más y quedarse con menos, pese a que en los setenta tenía una «posición dominante muy fuerte en el mercado».

«Los empresarios prometieron venganza», sostuvo Verbitsky, también escritor, quien durante su declaración como testigo de contexto se refirió a una nota de su autoría publicada el 5 de mayo de 1991 en el diario Página/12 titulada «Vale todo», en la que denunciaba la responsabilidad empresarial en la represión al movimiento obrero y, en particular, en el caso de Luis Adolfo Jaramillo, trabajador de Saiar-Rheem, fábrica de calefones, calefactores y termotanques.

Jaramillo era chileno, «era un hombre muy culto» con estudios de medicina y de música, entre otros, dijo Verbitsky. Dentro de la fábrica tuvo una «enorme influencia» entre sus compañeros. Fue marcado por la empresa, secuestrado y visto en el Pozo de Banfield. Sus restos fueron hallados en una fosa común en el cementerio de Avellaneda e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

«El hilo conductor de aquella nota es la vida de Luis Jaramillo, un obrero chileno de la empresa y de la familia Zorraquin que llegó de Chile pero dos siglos antes». La empresa había sido fundada en 1947. Actualmente tiene una planta en San Luis, según su página web.

Aquella nota escrita hace 29 años tuvo una «enorme repercusión», porque «fue la primera vez que hubo un paralelismo entre la represión dictatorial y la producción de cambios de fondo en el proceso económico argentino. Fue reproducida por organismos de derechos humanos para reflejar el trasfondo económico de las violaciones a los derechos humanos», explicó el periodista ante el tribunal, abogados querellantes y defensores y público.

Al referirse al vínculo entre represión y responsabilidad de las empresas, Verbitsky precisó que «la práctica más frecuente fue en nueve de cada diez casos el despido, la renuncia forzada y el secuestro». La siguieron la entrega de listas de delegados, información privada de los trabajadores, presencia militar dentro de las fabricas, miembros de las Fuerzas Armadas en las direcciones de las empresas, infiltración entre los trabajadores, presencia de cuadros empresariales en secuestros y torturas, entre otros, dijo, en coincidencia con lo señalado en la audiencia anterior por la historiadora Victoria Basualdo.

«Lo que existió fue responsabilidad patronal en los crímenes cometidos contra sus trabajadores», sentenció. «Jaramillo era un hombre que se preocupaba mucho por la dignidad de los trabajadores» sin ser delegado, completó.

Fue secuestrado en noviembre de 1976 «como consecuencia» de las mejoras salariales que habían logrado en las luchas obreras de los años previos, en un marco de crecimiento de los movimientos sindicales combativos dentro del peronismo y la izquierda clasista», precisó. «Las empresas no lo pudieron evitar, pero generaron un enorme resentimiento y promesa de venganza», sostuvo Verbitsky, que fue periodista en el Semanario de la CGT de los Argentinos, en el diario La Opinión, en la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) fundada por Rodolfo Walsh, y actualmente director del portal informativo El Cohete a la Luna.

Para comprender el entramado entre terrorismo de Estado e intereses empresariales, recordó un hecho que calificó de «impresionante». Dijo que en 1975 «un grupo de representantes de empresas del conurbano fueron citados en una reunión en el Edificio Libertador, sede del comando del Ejército, donde en una gran sala con una mesa enorme y luces bajas para no identificar claramente [a quienes allí estaban], los militares pidieron y los empresarios suministraron los datos necesarios para la represión. Acordaron que cada empresa iba a entregar a las áreas y zonas de seguridad respectivas los datos de los activistas gremiales que perturbaban la producción», detalló el «Perro».

Un ejemplo más de colaboración con la represión desde la patronal fue el papel de uno de los gerentes de Saiar, Juan Manuel Martínez Riviere, jefe de personal, y su vínculo con uno de los imputados en la causa, Federico Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 y jefe del Área 112 que cumple domiciliaria (la presente causa 737 Minicucci y otros).

Verbitsky explicó que Martínez Riviere había sido cadete del Colegio Militar y compañero y amigo de Minicucci, y que Martínez Riviere «había dirigido la represión en la fábrica» e inclusive los militares simularon su secuestro para infiltrarlo entre los trabajadores detenidos.

Martínez Riviere logró escapar a España. Los trabajadores secuestrados, en cambio, pasaron por la Brigada de Investigaciones de Lanús El Infierno y por la Comisaría 3ª de Lanús. Según el relato de Verbitsky, a una pregunta del presidente del Tribunal, el juez Ricardo Basílico, «Minicucci era un figura central de la represión en esa área. Martínez Riviere era especializado en la reducción de costos echando gente», además de exhibir una actitud «despótica e irritante» hacia los trabajadores.

Según Verbitsky, el despido de los trabajadores «se usaba para encubrir el secuestro y el botín, porque la empresa se quedaba con la indemnización», tal como sucedió con Jaramillo, pues cuando fue al banco a cobrar el cheque fue «seguido por autos de la empresa» y luego a la familia le decían que había cobrado y se había llevado el dinero.

«Se sacaban de encima a un trabajador molesto y le robaban la plata de la indemnización, así funcionó el sistema con la complicidad activa de la empresa», enfatizó, antes de rematar: «Martínez Riviere no era un engranaje suelto. Era parte de la conducción empresarial».

Verbitsky también se refirió a las investigaciones que llevó adelante junto a Juan Pablo Bohoslavsky, relator de la ONU, sobre la deuda externa y los derechos humanos, que quedaron plasmadas en el libro Cuentas pendientes (2013) donde recopilaron veintitrés trabajos «sobre los distintos aspectos de la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado».

Entre los capítulos que incluye ese trabajo figuran desapariciones pedidas por las empresas, los aportes de la cúpula sindical en la represión de los trabajadores, el poder económico como promotor del proyecto refundacional de la Argentina; la complicidad de las cámaras agropecuarias con la dictadura; el pillaje de empresas organizado (este, por el fiscal Federico Delgado) y un informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre su papel en dictadura.

La dictadura del capital

El historiador Bruno Nápoli, coautor de La dictadura del capital financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, donde cuenta cómo el terrorismo de Estado no solo benefició a las grandes empresas sino que sus representantes tomaban las decisiones, también compareció el martes ante el TOC Nº 1 como testigo de contexto convocado al igual que Verbitsky por una de las querellas.

Nápoli elaboró el primer informe en la Argentina sobre el sistema financiero y la dictadura referido al papel de la CNV titulado «Economía política y sistema financiero», que se publicó en marzo de 2013. Allí aparecen mencionados casos que están en la presente causa porque estuvieron en algunos de los tres centros clandestinos de detención (CCD). como los apellidados Bertoldi, Caravallo, Fanjul, Angarola, Graiver, Iaccarino y Papapelo, entre otros.

La CNV «era un organismo estatal que aportaba datos a la Policía bancaria [dependiente de la Policía Federal] y al Ejército para desapoderar a empresarios», respondió Nápoli, interrogado sobre los elementos que permiten relacionar los intereses empresariales con el circuito represivo.

El informe, que está en la red, arrancó a partir de «un artículo publicado en junio de 1985 en la revista Newsweek ,donde dos reporteros norteamericanos dicen que catorce testigos empresarios y financistas estuvieron secuestrados, torturados y desapoderados de alguons de sus bienes por personas que respondían a la Comisión de Valores», explicó Nápoli.

Al investigar en el archivo de la CNV, con algunas dificultades, encontraron sumarios contra agentes de bolsa y con determinadas empresas que cotizaban en bolsa, como Papel Prensa, el Banco de Hurlingham, Industrias Siderúrgicas Grassi, Carabassa, la Agrícola Compañía de Seguros, entre otras.

En todos los casos, el basamento jurídico de Juan Alfredo Etchebarne, entonces presidentes de la CNV, para establecer causas penales contra agentes del mercado de valores y financistas fueron tres leyes de 1977; la Ley 20.840 de actividades subversivas; la Ley 21.495 de despenalización de depósitos y la Ley 21.526 de entidades financieras.

«Estas tres leyes siguen vigentes», sostuvo Nápoli, antes de volver atrás e indicar que tras el golpe del 76 se reestructuró la CNV y se ve «la presencia de las tres Fuerzas Armadas en el Directorio».

La CNV no actuó sola. Tuvo el acompañamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de las tres Fuerzas Armadas y se cruzaron también con personajes centrales del gobierno militar, como José Alfredo Martínez de Hoz, el presidente de Acindar y de CEA o Jorge Zorreguieta, dirigente de la Sociedad Rural Argentina que fue subsecretario de Agricultura de la Nación.

«Dentro de la CNV encontramos la estructura de la lucha contra la subversión económica. Allí figura la Policía bancaria, detenidos y allanados por orden de la CNV como René Grassi, Raúl Aguirre Saravia, Jorge Giménez, Juan Carlos Chavanne; Mario Satanovsky, Sara Duggan, Eduardo Aguirre Saravia, Luis Grassi, Rosa Laurito, Juan Carlos Rumi y Aristodemo Alberici (todo en septiembre de 1978)».

Luego, en noviembre, hay cuatro secuestros más llevados a la cárcel de Campo de Mayo por violación de la Ley 20.840 de subversión económica. «En total hubo veintiocho empresarios secuestrados».

Precisó entonces que, para guiar los interrogatorios, el Ejército le pidió a la CNV y al BCRA que formaran una comisión de cuatro asesores financieros que se trasladaban a Campo de Mayo y reclamaban por los viáticos.

Según las actas encontradas en la CNV, esos asesores actuaron entre el 11 de noviembre de 1978 y el 11 de enero de 1979. A raíz el «éxito» de su labor, fueron designados como «comisión especial» de la CNV y por ello recorrieron el país hasta 1983 interviniendo en los casos en los que la Comisión lo consideraba necesario.

«Ocupar el Estado con las Fuerzas Armadas y ocupar los espacios centrales de la economía: BCRA, CNV y Ministerio de Economía tuvo consecuencias nefastas», sostuvo Nápoli, que subrayó el «endeudamiento» de las tres fuerzas entre 1976 y 1982.

«A mediados del 83 les piden que devuelvan los 5.000 millones de dólares, pero estas lo niegan y responden: nosotros tomamos la mitad […] Revisen los ejercicios de los bancos». A fines de la dictadura la deuda externa argentina había ascendido de 5.000 millones de dólares a 45.000 millones.

Verbitsky indicó que durante la dictadura Saiar-Rheem «tuvo un crecimiento espectacular». Lo mismo ocurrió con otros grupos económicos que entre 1973 y 1983 aumentaron sus empresas de forma sideral, entre las cuales se destacan Bunge y Born, Pérez Companc, Macri (ex Fiat), Techint y Bridas. Garovaglio-Zorraquín ocupaba el quinto lugar, indicó poco después Nápoli, con una frase contundente: «»stos grupos económicos y militares asaltaron el Estado».

Nápoli fue concluyente al afirmar que «la ocupación» de los organismos financieros «es central para un plan sistemático de represión, incluso en un país como la Argentina, donde el mercado financiero es muy chico».

Durante esta novena audiencia del juicio que se realiza de forma virtual solo aparecieron dos o tres de los dieciocho imputados policías o militares. De ellos, solo dos están en la cárcel (Etchecolatz y Di Pasquale). La próxima audiencia será el martes 29 de diciembre a las 11 hs.