«Más allá de algunas observaciones parciales o agravios, lo que a nosotros nos toca es mínimo comparado con algunos de los casos que hablamos recién, como el de Chicha Mariani, Alfredo Bravo, víctimas de terrorismo de Estado, de personas vulnerables que no pueden pagar el gas, víctimas de la trata, y es necesario que los jueces no sean oportunistas», dijo este lunes el juez federal Alejo Ramos Padilla durante su exposición ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos del Senado, que tratará su pliego para ocupar el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. 

El magistrado que instruye la megacausa de espionaje ilegal que entre sus principales imputados tiene al fiscal federal Carlos Stornelli, defendió su postulación ante los senadores que votarán si acuerdan o no su nombramiento en un juzgado clave, del que el macrismo había intentado correrlo a pesar de haber terminado en el primer puesto en el concurso realizado por el Consejo de la Magistratura. Los legisladores del Frente de Todos acompañaron el dictamen de su nombramiento y aún no se conoce qué postura tomará Juntos por el Cambio. 

«Considero fundamental para cualquier magistrado que quiera cambiar sus funciones que dé un concurso, que se someta con sus pares a una competencia de estas características y pase por todos los procesos de selección que establece la Constitución Nacional», señaló Ramos Padilla durante su intervención, en la que repasó su historia como abogado abocado en la mayor parte de su carrera a la representación de familiares de víctimas del terrorismo de Estado y su salto a la Justicia federal. 

«Fundamentalmente, mi tarea estuvo signada por los juicios por la verdad, me identifiqué mucho con ese trabajo porque me lo tomé muy en serio, yendo todos los miércoles durante años al juicio por la verdad que se desarrollaba en La Plata, acompañando a Chicha Mariani en la búsqueda de su nieta, y eso me permitió participar en el primer juicio oral y público después de derogadas y declaradas inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en Argentina, que fue el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz», recordó el magistrado. 

El juez de Dolores recordó también los cuestionamientos que recibió «aquel joven abogado» cuando planteó por primera vez en Argentina la necesidad de juzgar la responsabilidad de civiles durante la última dictadura cívico-militar, mientras representaba a la familia de Jacobo Timerman y logró una condena para Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979.

«En su momento se dio una disputa de sentido: yo consideraba que la responsabilidad no era de aquel que había vestido un uniforme, sino de los que habían pergeñado y llevado adelante el plan criminal. Hoy es una discusión saldada», sostuvo. 

«Intervine en más de treinta procesos de lesa humanidad, entre ellos, el que más destaco es el del plan sistemático de robo de bebés, donde en el año 2009 nos percatamos que Jorge Rafael Videla no iba a formar parte de ese juicio», recordó Ramos Padilla sobre el caso que logró una condena contra Videla y el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento carcelario que, hasta 2009, no había ocurrido. 

Por otro lado, el juez mencionó que en los últimos años recibió cuestionamientos y elogios por su tarea en la investigación por espionaje ilegal que involucra a funcionarios políticos, judiciales y periodistas, pero destacó que todas las denuncias, los planteos de nulidad, recusaciones o conflictos de competencia fueron resueltos por los organismos competentes. «El más destacado para mencionar tal vez sea el del consejo de la Magistratura, donde cada uno de los planteos que se hicieron fueron rechazados de plano», manifestó respecto del pedido de destitución en su contra elevado por el gobierno de Mauricio Macri en 2019 luego de conocerse el escándalo de espionaje ilegal y extorsión que tramita en su juzgado.