Por Gabriela Calotti

«Hablamos de responsabilidad empresarial […] porque hubo un involucramiento directo de los empresarios en la represión», afirmó el martes la historiadora Victoria Basualdo ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que lleva adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en los llamados Pozos de Banfield, de Quilmes y El Infierno de Lanús, en varios de los cuales estuvieron secuestrados trabajadores y delegados de numerosas fábricas de la zona.

Secuestros en el interior de las plantas fabriles e industriales, entrega a las fuerzas militares de listas de delegados y comisiones internas y de sus domicilios particulares, secuestros en el trayecto entre las fábricas y los hogares y hasta el funcionamiento de centros clandestinos de detención en el interior de las fábricas, son algunos de los patrones hallados en una serie de investigaciones sobre la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado en la Argentina, inclusive antes del 24 de marzo de 1976, según la exposición presentada por Basualdo.

Investigadora del Conicet y de Flacso, la historiadora, egresada de la UBA, presentó los casos de varias víctimas que integran esta causa y que trabajaban en las empresas Mercedes Benz en González Catán, Molinos Río de la Plata en Avellaneda, Astillero Río Santiago en Ensenada, la metalúrgica Saiar en Quilmes y la planta automotriz Peugeot en Berazategui.

Su exposición en el juicio como «testigo de contexto» se basó principalmente en las conclusiones del informe titulado «Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadoras y trabajadores durante el Terrorismo de Estado» (2015).

Tras afirmar que «la dictadura no sólo fue un proceso represivo sino un complejo entramado en lo económico», la investigadora consideró que hoy deben retomarse dos líneas de trabajo: «la importancia que tuvo en el proceso de memoria, verdad y justicia la represión de trabajadores y sindicalistas como víctimas centrales de la represión» y «la responsabilidad de las empresas y de los empresarios […] en el proceso de persecución».

Basualdo consideró que, en relación con esta causa, uno de los aportes más destacados del informe –efectuado por un equipo interdisciplinario de unas veinte personas–, es la «reconstrucción de la responsabilidad del sector del empresariado nacional y extranjero en el proceso represivo».

Durante su exposición mostró, por ejemplo, un mapa de la Argentina dividida en seis zonas donde figuraban determinadas empresas partícipes del proceso represivo: Fiat, Ingenio Concepción, La Fronterita, Ledesma, La Veloz del Norte, Loma Negra y la Nueva Provincia, Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Swift, Alpargatas y Molinos Río de la Plata, Acindar, Siderca, Astarsa, Ford, Mercedes Benz y el establecimiento yerbatero Las Marías.

Explicó que la selección de los casos se realizó en función de la «evidencia disponible con una muestra lo más amplia posible en términos de actividad productiva: desde la industria azucarera hasta la industria del acero, frigoríficos, cementeras, talleres gráficos, etc. […] Estamos hablando de grandes fábricas que tienen un conjunto de relaciones, reglas y funcionamiento interno que es muy importante reconstruir», sostuvo Basualdo ante el TOC Nº 1, conformado por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers.

Durante la investigación se analizaron veinticinco casos; se identificó a novecientas víctimas del terrorismo de Estado, de las cuales 354 están desaparecidas, 450 fueron secuestradas, sufrieron tormentos y fueron liberadas. «La mayoría eran trabajadores de las empresas» analizadas. «En cinco casos hubo entre setenta y cien víctimas de la represión en Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar e Ingenio Ledesma», entre otras, puntualizó.

La investigación les permitió detectar «patrones de funcionamiento de las prácticas empresariales represivas». Así, por ejemplo, el 88 % de los secuestros se produjeron en los lugares de trabajo; en el 76 % de los casos las empresas entregaron información privada de los trabajadores y listas de delegados a las fuerzas represivas; en el 52 % de los casos, cuadros empresariales presenciaron las detenciones, los secuestros y hasta las torturas. En el 48 % de los casos las empresas hicieron aportes económicos a las fuerzas represivas; en el 40 % se usaron camionetas y vehículos de las empresas. En el 36 % hubo un pedido directo de detención de los trabajadores por parte de los directivos de las empresas, y en el 32 % el secuestro de los trabajadores se produjo en el trayecto entre la fábrica y sus casas, señalaba uno de los gráficos exhibidos.

Como «empresas de propiedad privada», se suponía que «debían cuidar y proteger a sus trabajadores», pero en cambio permitían el ingreso de las Fuerzas Armadas (FFAA) a sus fábricas. ¿Por qué? Porque en un contexto de creciente conflictividad por las condiciones de explotación laboral que pretendían imponer, era necesaria la represión según la llamada «dinámica fordista» de un trabajo permanente en las cadenas de producción.

De tal modo, los establecimientos laborales «se convirtieron en espacios de represión y militarización», sostuvo Basualdo, antes de referirse a la vinculación intrínseca y estrecha entre empresarios y militares. En el 68 % de los casos, miembros de las FFAA participaron en cargos directivos de las empresas; en el 60 %, agentes de inteligencia estaban infiltrados en las fábricas e industrias, y en el 40 % había control militar en los ingresos a las plantas.

Como si no fuera suficiente, en cinco empresas funcionaron centros clandestinos de detención dentro del predio fabril e industrial. Allí «hablamos directamente de responsabilidad de un determinado sector empresarial», sostuvo, antes de especificar los casos Acindar (albergue de solteros), Ford (Quincho), La Veloz del Norte Salta (los galpones de la empresa), Ingenio Fronterita en Tucumán (los conventillos utilizados por los trabajadores golondrina) y Astillero Río Santiago (espacio de reclusión previo a su traslado al Liceo Naval).

Basualdo, que se especializó en la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y que actualmente coordina la Unidad Especial de delitos de lesa humanidad con complicidad empresarial que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explicó durante esta audiencia virtual que fue «muy importante reconstruir el proceso de organización gremial y estudiantil» desde 1969, y puntualizó que «la represión de los trabajadores es una característica en tiempos de la Guerra Fría y no exclusivamente en la Argentina».

Al referirse a los casos concretos, comenzó con la planta de Mercedes Benz en González Catán y mencionó dos casos paradigmáticos de la responsabilidad empresarial. Se trata de los delegados Víctor Hugo Ventura y Esteban Ángel Reimer. Al menos veinte trabajadores de esa planta fueron víctimas de la represión, y quince están desaparecidos. La mayoría tenía militancia gremial o participaron en conflictos laborales.

Ventura y Reimer integraban «el grupo de los 9», que disputaba la conducción al gremio SMATA. En esa planta, el proceso represivo había comenzado antes de 1976 con la Triple A, pero se intensificó luego del golpe cívico-militar, precisó la experta. Testimonios de empleados de Mercedes Benz dieron cuenta de la entrega al Ejército por parte de la empresa de legajos, listas y direcciones de delegados.

En la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, empresa perteneciente al poderoso grupo Bunge y Born, había mucha militancia obrera y sindical. Allí fueron secuestrados veintisiete trabajadores, de los cuales veintiuno están desaparecidos. Hubo un secuestro masivo de trabajadores previamente señalados, el 7 de julio de 1976, cuando el Ejército ingresó a la fábrica. Hubo entrega de listas a la dictadura. Basualdo indicó que en estos años «se han detectado nuevas víctimas».

Dos casos emblemáticos fueron el de Alfredo Patiño y el de Carlos Robles y su esposa, Martina Concepción Espinoza. Eran trabajadores y sindicalistas. «Eran figuras sindicales» con actividad previa en la empresa Siar, precisó.

En Astillero Río Santiago, una empresa estatal que manejaba la Marina, fue distinto a los dos anteriores, pues era una industria articuladora a nivel zonal entre La Plata, Berisso y Ensenada. Con un «activismo intenso», Astillero registró una «gran cantidad de víctimas de delitos de lesa humanidad por la articulación represiva en la zona», precisó la especialista.

«En el caso de Astillero, tenemos que ir a la importancia que tuvo la causa Fuerza de Tarea 5 desarrollada en 2015, que puso de manifiesto la centralidad de los sujetos trabajadores y sindicalistas y la importancia de la represión del movimiento obrero», dijo, antes de incluir en la represión en esa zona sur lo ocurrido en la Propulsora Siderúrgica y en Petroquímica Sudamericana, entre otras industrias vecinas.

Una primera cifra de Astillero arroja «setenta trabajadores víctimas del terrorismo de Estado», precisó Basualdo, aunque advirtió que ese número está «en proceso de reconstrucción». Trece obreros fueron asesinados y otros tanto desaparecidos, pero «subestima la cifra real».

Explicó que «numerosas víctimas refieren haber sido trasladadas al Liceo Naval y a la Escuela Naval», y que en 1976 el Astillero fue usado como «espacio de detención ilegal».

Tras mencionar la disputa por el control de ATE Ensenada en 1975, Basualdo destacó la explosión de una bomba en la sala de máquinas de la fragata Santísima Trinidad, reivindicada por la organización Montoneros. Ese «fue el punto de partida de un proceso de represión muy fuerte en el seno de la fábrica».

En ese marco, destacó los secuestros de Miguel Ángel Soria, que estuvo en cautiverio en la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda y que está desaparecido desde agosto de 1976, y el de Alberto Derman, secuestrado en diciembre de 1977 junto a Cristina Gioglio en Ranelagh, que estuvo en el Pozo de Quilmes. Y aclaró: «Derman ya no estaba en Astillero cuando lo secuestran», y esto «dibuja una práctica empresarial», es decir que ya tenían fichados a los trabajadores que reclamaban por mejores condiciones de trabajo.

Respecto de la planta de Peugeot, ubicada entonces en Berazategui y que terminó funcionando en los ochenta en los predios de la italiana Fiat en El Palomar, Basualdo se refirió al aumento de la conflictividad a partir de 1976, con el derrumbe del salario real y las mayores exigencias de producción de los patrones en un contexto de desindustrialización impuesto por la dictadura.

Mencionó entonces el secuestro de Jorge Guidi en 1977 en Wilde y la respuesta del directivo francés de ese momento a su hermano Roberto, que le reclamó sobre su paradero: «Con los subversivos no hay compasión».

Augusto Felipe Mali fue sobreviviente de Peugeot, pero no ocurrió lo mismo con Eduardo Rosen, secuestrado en 1977 y desaparecido.

Sobre la fábrica de calefones Saiar, Basualdo mencionó los casos de Nicolás Barrionuevo, delegado de la UOM que fue secuestrado en abril de 1976 y estuvo detenido en el Pozo de Banfield, y el caso de Raúl Codesal, que estuvo en cautiverio en el Pozo de Banfield y en la Brigada de Lanús. Luis Jaramillo fue visto en el Pozo de Banfield. Otros trabajadores de esa planta, de apellido Padrós, Carrizo, Orellana, Sotelo y Varela, también fueron secuestrados, algunos de ellos de sus propias casas.

Interrogada por la letrada querellante Guadalupe Godoy acerca de una explicación de estas prácticas empresariales represivas, sobre la lógica de ese accionar, Basualdo respondió que durante las investigaciones para la elaboración del informe referido se encontró una «motivación compartida» entre empresarios y fuerzas militares, y alertó sobre el error que supone «subestimar el conflicto laboral, que justamente estaba en el centro de la preocupación de los militares y de los empresarios». «Ahí vemos la importancia del movimiento sindical y obrero en la historia Argentina», sostuvo. «Los nombres que yo mencioné tenían una significancia inmensa cuando hablamos de los conflictos laborales en la zona sur», precisó.

«El ámbito de las fábricas era de mucha preocupación y seguimiento para las fuerzas de seguridad y para los empresarios, que quieren obtener más ganancias. Allí hay un punto de coincidencia».

En ese contexto, la investigadora subrayó que «la articulación entre militancia política y sindical era enorme», y eso era otro punto de preocupación de empresarios y militares.

Para llevar adelante este trabajo se consultaron diversos archivos, publicaciones de organizaciones políticas y militares, se hicieron entrevistas a trabajadoras y trabajadores, familiares y testigos. Poco pudieron obtener de las empresas, que no permiten el acceso a documentación o archivos de determinados periodos.

Tras asegurar que durante el gobierno de Mauricio Macri se desalentó esta línea de investigación, Basualdo insistió en que «no hablamos de complicidad empresarial, sino de responsabilidad». Hubo «grados y niveles» de responsabilidad, pero «las empresas que lideraron estos procesos fueron co-responsables en los procesos represivos junto con las Fuerzas Armadas», sentenció.