La Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd) calculó que la aplicación de un impuesto a la riqueza en veinte países de América Latina y el Caribe podría recaudar hasta 26.504 millones de dólares al año con el fin de instrumentar políticas públicas ante la profundización de la desigualdad social que atraviesa la región debido a la pandemia.

El informe, titulado «Ahora o Nunca: Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe», sugiere que ese dinero sería importante para fortalecer los grandes paquetes de medidas fiscales que aplicaron los Estados ante la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos sociales y económicos.

En particular, para robustecer los sistemas sanitarios, apoyar los ingresos de los hogares de los sectores más afectados y proteger la capacidad productiva. El estudio desglosa que se podría entregar un bono contra el hambre para los hogares pobres y mejorar los niveles de cobertura de las vacunas (incluso aquella contra la covid-19).

El informe de la Latindadd (red integrada por instituciones y organizaciones sociales de países latinoamericanos) fundamenta la propuesta en la desigualdad estructural de la región, que la pandemia puso al desnudo y empeoró. El 10 % más rico de la población capta veintidós veces más de la renta nacional que el 10 % más pobre. Mientras que el 1 % de los más ricos obtiene el 21 % de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A su vez, sostiene que, al tiempo que en América Latina y el Caribe «se estima que desde el inicio de la pandemia hemos retrocedido 15 años en la lucha contra la pobreza, alcanzando un promedio de 37 personas en esa situación de cada 100», como contrapartida, «los milmillonarios de la región aumentaron su riqueza en 48.200 millones de dólares del 18 de marzo al 12 de julio, es decir, durante el periodo más estricto de confinamiento y, por tanto, beneficiándose de la pandemia». 

Frente a este escenario, plantea que, a futuro, las medidas para recomponer los tejidos social y productivo no deben postergarse ante programas de austeridad como respuesta a la crisis. «El costo de las medidas necesarias para enfrentar la pandemia del coronavirus no puede pagarse posteriormente con austeridad, que recae desproporcionadamente sobre la población más vulnerable», asegura. 

A su vez, señala que son necesarias reformas tributarias para que la carga de los impuestos recaiga en los sectores más acomodados y no en consumidores y trabajadores. «Es necesario aumentar la recaudación y de una forma justa para poder hacer frente a las deudas contraídas y fortalecer los débiles sistemas públicos en salud o protección social. Por esta razón, la otra parte debe provenir de reformas tributarias que aumenten la recaudación a través de impuestos progresivos».

Agrega que actualmente el 50 % de los ingresos tributarios de los países de América Latina y el Caribe «proviene de impuestos al consumo, los cuales no discriminan entre ricos y pobres», por lo que «pueden llegar a aumentar la desigualdad». «En comparación, los ingresos tributarios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dependen tan solo un 33 por ciento de este tipo de impuestos».

«Se hace imperativo incrementar los impuestos a la renta y a la propiedad que garanticen que la recaudación sea más justa y suficiente y que las deudas adquiridas por los gobiernos no se paguen en los próximos años con una estructura tributaria que obligue a un mayor esfuerzo fiscal a los sectores más pobres en comparación con los más ricos», amplía.

En otro tramo, el informe da el ejemplo de los países donde se aprobaron proyectos legislativos de este tipo, entre los que se encuentra Argentina, además de Chile, Perú y Bolivia. En el Congreso argentino, la medida recibió su sanción en noviembre. Se trata del pago obligatorio, extraordinario y por única vez de las personas físicas de mayor patrimonio declarado, que posean bienes en el país y en el exterior iguales o superiores a 200 millones de pesos en el ejercicio 2019, con alícuotas progresivas que van de 2 a 3,5 %.