Con mayoría de diputados y diputadas de manera presencial y una gran movilización en las puertas del Congreso, la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que en la previa confía en tener los votos necesarios para su media sanción.

Tras los cambios introducidos en el plenario de comisiones, al inicio de la sesión tomaron la palabra los miembros informantes: Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard y Mónica Macha, quienes expusieron sobre el dictamen de mayoría conseguido el día de ayer. Por su parte, la macrista Carmen Polledo y la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli brindaron la visión del dictamen de minoría, opositor al proyecto.

«Hoy se cumplen 37 años del retorno de la democracia. En estos 37 años se garantizaron derechos», señaló la diputada Moreau, titular de la comisión cabecera, Legislación General. La legisladora recordó conquistas como las leyes de divorcio, patria potestad compartida, identidad de género y matrimonio igualitario. «No tengo dudas que esta fecha es simbólica para conquistar un nuevo derecho», manifestó.

Moreau aseguró que «velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública» y que el Estado asume «garantizar este derecho».

La massista destacó no solo la presentación del IVE, sino también el denominado plan de los Mil Días. «Ambos proyectos promueven más justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y cuidan la salud entendida de manera integral», aseguró.

Para Moreau, esto «profundiza una política de salud pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y de las personas gestantes, sea cual fuere su plan de vida». «Se trata de poder garantizar un acceso y un disfrute pleno al nivel más alto de la salud que el Estado pueda brindar», insistió.

La miembro informante de la minoría, Carmen Polledo, cuestionó el tratamiento del proyecto en «un año terrible para la humanidad», signado por «una peste que se extendió por todo el planeta», ante lo cual «a la Argentina está afectando una gran crisis que no es solo sanitaria, sino que producto de la pandemia, el aislamiento y las pésimas expectativas que despierta este gobierno, ha afectado gravemente al aparato productivo, la educación, las relaciones familiares, la salud física y psíquica».

En ese sentido, señaló que «la prioridad de este gobierno es ofrecerles la legalización del aborto a los colectivos feministas… Y digo bien, porque la legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres, sino de grupos militantes que han quedado atrapados en consignas del pasado».

«Es realmente increíble que en lugar de discutir cómo vamos a solucionar los problemas urgentes y dramáticos que hoy nos apremian, estemos aquí tratando la legalización del aborto», cuestionó.

«Se dice que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y por supuesto que es así; a nadie se le ocurriría pensar lo contrario en este siglo XXI, y gracias al trabajo en pos de los derechos de las mujeres hemos sancionado cantidad de leyes que nos protegen de la violencia, de la discriminación, y de todas las formas de desigualdad que hemos venido padeciendo a lo largo de la historia. Pero, como hemos visto, ni el aborto es un derecho que se ejerce sobre un fenómeno inanimado, ni existe equivalencia entre dos derechos en tensión», remarcó la vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Yedlin, por su parte, destacó que «para que haya menos abortos justamente hay que legalizarlo y no mantenerlo en la clandestinidad, traerlo a la luz para que el Estado lo pueda controlar, para darle opciones» a las personas gestantes. El tucumano, presidente de la comisión de Acción Social y Salud, sostuvo que «decenas de miles de mujeres en Argentina son internadas todos los años por complicaciones de aborto. Obviamente muchas más abortan y no tienen complicaciones. Lamentablemente, algunas de ellas mueren».

«Si un problema en salud pública tiene solución, entonces se transforma en un problema importante», argumentó. Para finalizar, sostuvo que «no estamos contra la vida de nadie, estamos a favor de legalizar una situación que ocurre en Argentina y que realmente necesita salir de la clandestinidad para salvar la vida de muchas mujeres».

«El Estado debía hacerse cargo, porque miró muchos años para otro lado», dijo la diputada entrerriana Gaillard, quien sostuvo que hoy «el castigo solo aporta crueldad a la persona que decide abortar en la clandestinidad y pone en riesgo la vida de la mujer por falta de atención posterior».

Asimismo, la titular de Legislación Penal pidió el voto de sus pares. «No van a pasar a la historia los tibios. Van a pasar a la historia los que más se la jueguen», sostuvo. «Con este proyecto no vamos a promover el aborto. Lo único que haremos es que la mujer que decida abortar esté acompañada por un Estado presente», concluyó.

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La titular de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, manifestó la necesidad de contar con «una normativa para una práctica milenaria ya existente». La diputada pidió escuchar las «distintas razones por las que una persona decide abortar» y aseguró que estamos «hablando de disrupción en los mandatos sociales. Es un quiebre del espacio para un nuevo acontecer. Este contexto nos lleva a poder pensar la IVE en un marco de legalidad. Y pensarlo con acompañamiento desde el Estado».

«Es una mirada sanitaria transfeminista. El aborto legal es un paso clave hacia un sistema sanitario y político para la multiplicidad de identidades y cuerpos. Para estos problemas tenemos todavía una vieja concepción heteronormativa», explicó Macha. En ese sentido, hizo hincapié en que
«también abortan las lesbianas, masculinidades trans y personas intersex. El otro día surgió la pregunta ‘¿qué hacen las personas con capacidad de gestar que quieren abortar?’ Esta es una construcción de los equipos sanitarios para escuchar qué proyecto de vida tiene esa persona».

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«Así podemos pensar en términos de soberanía de esa persona con capacidad de gestar», manifestó. «Esta ley está habitada por muchos tiempos: ancestras, lesbianas y feministas por la descriminalización, de la Campaña por el Aborto Legal. Ahora la historia tendrá que contar con ellas», concluyó.