La séptima audiencia del juicio oral y público por los llamados Pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús, que se lleva adelante de forma virtual ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, se centró este martes en la exhibición de testimonios en juicios anteriores de María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como Chicha Mariani, fallecida el 20 de agosto de 2018, y del sobreviviente Luis Velasco, secuestrado en 1977 y fallecido el 5 de noviembre pasado en Madrid.

El tramo incorporado a la presente causa del testimonio de Chicha Mariani, el cual brindó el 25 de mayo de 2009 ante la Cámara de Apelaciones de La Plata -en el marco de una ampliación de los Juicios por la Verdad-, se refirió a las investigaciones que pudo realizar durante años tras el asesinato y desaparición de su hijo Daniel Mariani, de su nuera Diana Teruggi, y del secuestro de su nieta Clara Anahí, a la que buscó incansablemente. Con los años «pude ir armando este terrible rompecabezas», sostuvo.

Esas investigaciones se centraron en la participación y actividad de los policías de la Comisaría 4ª de La Plata, ubicada en Diagonal 73 entre 41 y 41, en el barrio de La Loma, en ataques a viviendas de jóvenes militantes y en el asesinato de bebés o su secuestro.

«A mi hijo lo mataron los policías de la Comisaría 4ª […] tan aparentemente silenciosa», afirmó Mariani, fundadora y primera presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, durante esa declaración en la que fue enumerando una serie de casos ocurridos en esa zona.

En su testimonio empezó refiriéndose al «ataque descomunal» perpetrado por el Ejército y la Policía bonaerense el 24 de noviembre de 1976 contra la Casa de la calle 30, entonces casa operativa de la organización armada peronista Montoneros, conocida hoy como Casa Mariani-Teruggi, símbolo de la resistencia y de la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

«Atrás tenían una imprenta para publicar sus ideas», y allí imprimían la revista Evita Montonera «donde ya hablaban de lo que pasaba en la ESMA y de los ‘Vuelos de la Muerte’», precisó. La Escuela de Mecánica de la Armada fue uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura por donde pasaron al menos 5.000 detenidos-desaparecidos, de los cuales sobrevivieron quinientos, según organismos de derechos humanos. «En el ataque descomunal secuestraron a Clara Anahí», afirmó Chicha Mariani, quien hasta sus últimos días siguió buscando incansablemente a su nieta.

Aquel día, al regresar de Buenos Aires, su «hijo vio desde la esquina el despliegue militar y la casa destruida». Daniel Mariani decidió pasar a la clandestinidad y se negó a irse del país. Ocho meses más tarde, su hijo fue «acribillado» al intentar zafar de un ataque militar y policial en la casa donde vivía Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto. «Lo acribillaron y lo terminaron de matar a puntapiés en la Comisaría 4ª», aseguró, antes de indicar que en el certificado de defunción y la partida de inhumación que pudo obtener en 2009 figura «personal de la Comisaría 4ª».

Mariani también mencionó los secuestros de algunas chicas embarazadas y el asesinato de niños y bebés. Sin embargo, fue muy clara al afirmar que, pese a la existencia de «veinticinco testimonios sobre la intervención de la Comisaría 4ª en delitos de lesa humanidad» hasta fines de 2009, no hubo ninguna investigación específica sobre los policías de esa dependencia en tiempos de la dictadura cívico-militar.

Justamente, en este juicio se abordarán los casos de dieciocho mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio y los casos de niños que nacieron en el centro clandestino de detención (CCD) Pozo de Banfield, fueron apropiados y recuperaron su identidad posteriormente, como Carlos D’Elía Casco, Victoria Moyano Artigas, Carmen Gallo Sanz, María José Lavalle Lemos y Martín Ogando Montesano, Victoria Petrakos Castellini, a quien Abuelas siguen buscando, y Teresa Laborde, hija de la sobreviviente (ya fallecida) Adriana Calvo, nacida durante el cautiverio de su madre.

El testimonio de Luis Velasco

Luis Velasco estaba en tercer año de Medicina cuando fue secuestrado el 7 de junio de 1977 a las doce de la noche de la casa de sus padres, en la calle 56. «Se llevaron objetos de valor y a mí», explicaba en su declaración frente al tribunal presidido entonces por el juez Carlos Rozanski, en el marco del Juicio por el Circuito Camps en 2011.

Velasco contó que hasta un año antes había militado en el Partido Comunista Revolucionario (PCR), que había dejado por «diferencias políticas».

En el marco de un «inmenso operativo», sus verdugos fueron «parando por diferentes sitios levantando gente», dijo refiriéndose a otros compañeros o conocidos, como Gustavo Malbrán, Gustavo Pérez Gonzalves y Marcelino Pérez Roig, con quienes llegó a la Brigada de Investigaciones de la Policía en La Plata.

Tras el simulacro de fusilamiento al que fueron sometidos aquella noche, fueron trasladados a La casita, un centro destinado específicamente a la tortura ubicado en Arana, en las afueras de La Plata. «Nos llevaron de a uno a la tortura», dijo, antes de precisar que los acostaban sobre los resortes de un colchón, atados de pies y manos. «Me preguntaban por casas del PCR, por militantes, por la estructura organizativa y por reuniones», indicó al referirse a esa primera sesión de tortura. «Yo no podía ni caminar, me llevaron a rastras y me depositaron en la celda».

«Eso era parte del plan sistemático del terror. Ellos sabían que muchos íbamos a salir vivos e íbamos a ayudar a difundir el terror», sostuvo Velasco, que años después, tras la segunda desaparición de Jorge Julio López, declaró nuevamente en un juicio y aseguró que lo hacía pese «al miedo» que sentía.

De Arana volvió a la Brigada de Investigaciones, de donde fue trasladado junto a otros secuestrados al Pozo de Banfield, donde «nos pegaron muchísimo […] en julio nos hicieron bañar con agua fría», dijo al recordar las condiciones de detención, la falta de comida, agua, higiene, abrigo, las amenazas y los golpes permanentes que también padeció en la Comisaría 5ª de La Plata, su sitio de cautiverio posterior donde estuvo veintidós días, y donde varias veces lo fue a ver el capellán de la Policía bonaerense, Christian Von Wernich, que sería condenado en 2007 a cadena perpetua.

El cura estaba «obsesionado por la tortura». «Ustedes no tienen que sentir odio cuando los torturan, porque ustedes le hicieron mucho daño a la patria y tienen que pagar», le decía Von Wernich a Velasco, de quien sabía muchos datos personales por ser pariente de uno de sus familiares.

En la Comisaría 5º se encontró con tres militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), de quienes reivindicó «su entereza» física y mental en esas condiciones inhumanas. Muy emocionado, Velasco hizo entonces una pausa para tomar agua. «Atados, vendados, hambrientos, ¿qué podíamos hacer?», se preguntaba recordando su secuestro.

Después de regresar a la Brigada de Investigaciones, el 7 u 8 de agosto de 1977 lo dejaron junto a otros compañeros en 10 y 32 a las diez de la noche. Un mes después de quedar en libertad tuvo que ser operado de apendicitis. «Si hubiera estado adentro, me moría», aseguró Velasco.

Tiempo después, y cuando pudo volver a tener documentos, pues la policía le había robado todo, decidió irse de Argentina. «Yo estaba aterrorizado. No quería vivir en un país donde te secuestran, te torturan y tu vida no vale nada», afirmó al concluir su testimonio aquel día de 2011 cerrado por aplausos, que tanto se extrañan en estas audiencias virtuales.

Ambos testimonios quedarán incorporados a la causa unificada que investiga los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús, donde funcionaron tres de los al menos veintinueve CCD del Circuito Camps.

El testimonio de Luis Velasco permitió que Licha de la Cuadra supiera que su nieta Ana Libertad había nacido en cautiverio.

La octava condena para Etchecolatz

El día que declaró Luis Velasco en 2011, detrás suyo estaba sentado, entre otros, el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, que se hacía llamar «El coronel» y regenteaba los CCD de este circuito represivo. El pasado miércoles, Etchecolatz fue condenado a su octava prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD que operó en la Brigada de San Justo, por el cual pasaron 84 víctimas.

Otros condenados en el Juicio por la Brigada San Justo a perpetua también están imputados en este juicio por los Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús. Son Jaime Lamont Smart, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Carlos María Romero Pavón y Ricardo Armando Fernández. En cambio, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale fueron condenados a veinticinco años de prisión.

Este juicio comenzó el 27 de octubre. En el banquillo hay dieciocho acusados, entre policías y militares, de los cuales dieciséis están con domiciliaria y solo dos en la cárcel: Etchecolatz y Di Pasquale. Todos acusados por crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados contra 253 víctimas en el Pozo de Banfield, 181 en el Pozo de Quilmes y 62 en El Infierno de Lanús, con asiento en Avellaneda.

Las audiencias de cada martes pueden seguirse en vivo por diversas plataformas, entre ellas, el canal de YouTube de La Retaguardia y el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria.