Por Gabriela Calotti

La Asesoría Pericial de La Plata fue durante años un depósito de restos óseos recuperados en exhumaciones «inadecuadas» efectuadas «por bomberos o sepultureros» entre 1984 y 1985, pertenecientes a víctimas del circuito represivo dirigido por la Policía bonaerense, según afirmó el martes ante el Tribunal Federal la experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Sofía Egaña. La declaración fue en el marco de la sexta audiencia del juicio virtual por los llamados Pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús.

Esos restos «mezclados e incompletos» habían sido colocados «en bolsas y en cajas» que estuvieron en los depósitos de la Asesoría Pericial platense, indicó Egaña al iniciar su exposición sobre la minuciosa tarea del EAAF para «reasociar» restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

«Había restos de más de un individuo en cada contenedor», aseguró antes de mencionar el caso de «restos exhumados de nueve fosas en 1985 del cementerio de San Martín y colocados en 25 bolsas sin ningún criterio». La perita subrayó las dificultades provocadas por no haber podido acceder a las condiciones originarias de inhumación.

«Frente a restos mezclados e incompletos, el objetivo es identificar el número mínimo de individuos representados en ese conjunto, lo cual no excluye que haya más», precisó. «Luego se trata de integrar los restos de un mismo individuo con el fin último de identificarlo y restituir los restos a sus familiares», aseguró. «Este objetivo de reasociar los restos es un gran desafío», enfatizó.

Las explicaciones de Egaña pusieron de manifiesto el accionar maquiavélico de los represores por la forma en que se encargaron de mezclar los cuerpos de las víctimas para impedir que alguna vez sus restos fueran identificados, y el «mal manejo», por decirlo de una forma delicada, de las exhumaciones efectuadas tras la vuelta de la democracia. En varios casos se hicieron directamente con excavadoras, según fotografías que la antropóloga mostró durante la audiencia.

La experta se refirió a restos exhumados de cementerios de Rafael Calzada, Isidro Casanova y Lomas de Zamora hallados «en estado de esqueletización». Varios de ellos fueron identificados por el EAAF en los últimos años.

Héctor Alberto Pérez tenía veintiún años cuando fue secuestrado el 29 de noviembre de 1976 en Quilmes. Era obrero metalúrgico en Saiar y militante de la Federación Juvenil Comunista. Sus restos fueron exhumados del cementerio de Lomas de Zamora, del cual el EAAF recibió «12 bolsas entre las cuales había un número mínimo de 15 adultos jóvenes», precisó Egaña, y mostró fotografías de restos que pudieron ser reasociados.

La experta mencionó luego el caso de Mario Miguel Mercader, secuestrado el 10 de febrero de 1977 en Tolosa, La Plata. Era estudiante de Psicología en la UNLP, se desempeñaba como técnico electricista, era militante de Montoneros y tenía veintidós años.

El último de los casos de estos cementerios fue el de José Reinaldo Rizzo, desaparecido el 17 de noviembre de 1976 en La Tablada a los 47 años. Era obrero metalúrgico y militante sindical.

Del cementerio de San Martín, los peritos lograron identificar los restos de Liliana Irma Ross de Rossetti, secuestrada el 10 de diciembre de 1976 en La Plata con un embarazo de cuatro meses. Según Abuelas de Plaza de Mayo, su embarazo no llegó a término. Liliana era estudiante en la Escuela de Visitadoras de Higiene –actualmente Trabajo Social de la UNLP–, profesora de música y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Siguió con el caso de Norma Robert de Andreu, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en Bahía Blanca. Tenía veinticinco años y era estudiante de Arquitectura en la UNLP; y el de Alicia Lisso, secuestrada el 28 de octubre de 1976 en la localidad de Hudson y asesinada el 2 de febrero de 1977. Tenía veintidós años y estudiaba en un secundario de adultos.

Finalmente, Miguel Ángel Soria fue secuestrado en La Plata el 6 de junio de 1976 y asesinado el 3 de febrero de 1977. Tenía veinticinco años y era obrero en el Astillero Río Santiago, en la vecina Ensenada.

Tal como hicieron en la audiencia anterior sus colegas Patricia Bernardi y Mercedes Salado Puerto, Egaña insistió en que el EAAF cuenta con los perfiles genéticos de restos recuperados, pero para su identificación necesitan la contribución de familiares, que pueden comunicarse al teléfono del EAAF (0800-345-3236).

«Aún quedan numerosos restos por identificar de los cuales tenemos ya su perfil genético. Hace falta que se acerquen los familiares», remarcó, antes de precisar: «Se toma una gota de tu sangre y puede ayudar a identificarlos».

El juicio oral y público comenzó el 27 de octubre. En el banquillo virtual hay dieciocho acusados, entre policías y militares, de los cuales dieciséis están con domiciliaria y solo dos en la cárcel, como Miguel Osvaldo Etchecolatz. Todos están acusados por crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados contra 253 víctimas en el Pozo de Banfield, 181 del Pozo de Quilmes y 62 de El Infierno de Lanús, con asiento en Avellaneda.

La audiencia del martes comenzó con la indagatoria del último imputado que no había cumplido con ese paso procesal, Eduardo Samuel De Lío, que fue jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601. Su abogado había solicitado al tribunal que lo declare incapaz de estar en juicio por razones de salud. El tribunal rechazó el pedido. Interrogado entonces por el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, De Lío se negó a prestar indagatoria. Recostado, parecía no entender cuando el juez le indicó su fecha de nacimiento. En cambio, cuando tuvo que responder que no declararía no le faltaron las palabras: «Dadas las condiciones deficientes de mi salud, no lo voy a hacer y los abogados me aconsejaron que no lo haga», respondió sin titubeos.

Como los otros imputados, De Lío tuvo que escuchar las pruebas en su contra y la lista de las víctimas, aunque mientras escuchaba negaba con la cabeza.

Durante el juicio se escucharán más de 470 testimonios que darán cuenta del horror en los centros clandestinos de detención. Hasta ahora se exhibieron los testimonios efectuados en juicios anteriores por cuatro sobrevivientes, fallecidos en los últimos años: Adriana Calvo, Cristina Gioglio, Nilda Eloy y Alcides Chiesa.

La próxima audiencia será el martes 8 de diciembre a las 9:30 hs. Las audiencias son transmitidas en vivo por diversas plataformas, entre ellas el canal de YouTube de La Retaguardia y la página de Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).