Finalmente, la Cámara de Diputados tratará el próximo martes en el recinto el aporte extraordinario a pagar por los cerca de 10.000 personas más ricas del país, que declararon bienes mayores a 200 millones de pesos. Se espera recaudar 307.000 millones destinados a paliar el impacto de la pandemia. El presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, pidió una sesión especial para tratar la iniciativa que había obtenido dictamen el 25 de septiembre de la Comisión de Presupuesto, pero había pasado a un segundo plano por el tratamiento del Presupuesto 2021 que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Hoy, diputados del Frente de Todos plantearon que el escenario es favorable para darle media sanción. «El único bloque que se opuso fue Juntos por el Cambio, por lo cual con el resto de los bloques no tendríamos que tener problemas», afirmó el diputado Itaí Hagman, del Frente de Todos.

El oficialismo reúne 117 voluntades, y debe conseguir doce votos más para llegar a los 129 que requiere la aprobación. «Los votos se cuentan después de que se dan, pero haciendo supuestos lógicos, es decir, en base a cómo se han posicionado en el debate los referentes de los espacios que no son Juntos por el Cambio, suponemos que superamos con comodidad este número base», dijo esta mañana en declaraciones radiales el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien redactó el proyecto por pedido de Máximo Kirchner.

Otro dato alentador para el futuro del proyecto es que, además de Máximo Kirchner y otros diputados del Frente de Todos, convocaron también a la sesión especial los presidentes del interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, Eduardo Bucca y José Luis Ramón, respectivamente; el diputado Carlos Gutiérrez, del bloque Córdoba Federal, y los diputados de bloques provinciales Luis Di Giacomo (Río Negro), Ricardo Wellbach (Misiones) y Felipe Álvarez, que abandonó Juntos por el Cambio y formó el monobloque Acción Federal.

Desde el Frente de Todos también destacaron la confirmación de la sesión luego de semanas de espera y con el eje en que los sectores más acomodados también contribuyan a salir de la crisis. «El aporte solidario a las grandes fortunas es una medida que, en un paso más hacia la justicia tributaria, nos va a permitir derramar sobre los sectores que más lo necesitan en este momento de emergencia y crisis que vive la Argentina y el pueblo por la pandemia de coronavirus, y con una economía destrozada con la que se encontró el gobierno al asumir», sostuvo el diputado y sindicalista Hugo Yasky.

Los fondos obtenidos por única vez serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia (20 %), apoyar a las pymes (20 %), urbanizar barrios populares (15 %), invertir en la producción de gas natural (25 %) y relanzar el Progresar para los jóvenes (20 %).

Yasky agregó que el aporte «va dirigido a un universo de unas 9.000 personas, que son las poseedoras de las grandes fortunas». «No les va a cambiar absolutamente en nada la vida y van a hacer un aporte solidario, en el marco de una decisión que tiene que ver con recuperar niveles mínimos de justicia social en la Argentina», dijo en diálogo con Télam.

Los números del proyecto

La iniciativa establece el pago obligatorio, extraordinario y por única vez de las personas físicas de mayor patrimonio declarado, que posean bienes en el país y en el exterior iguales o superiores a 200 millones de pesos en el ejercicio 2019, con alícuotas progresivas que van de 2 a 3,5 %. La ley se aplicará sobre los bienes personales desde la fecha en que entre en vigencia.

El oficialismo espera recaudar 307.000 millones de pesos (1,1 % del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas. Además, se estima que 253 personas con patrimonios de más de 3.000 millones de pesos -los más ricos, que integran la escala más alta del aporte- podrían aportar el 50 % de esa recaudación potencial.

El temario de la sesión también incluye dos proyectos de tema ambiental. Uno modifica la Ley de Fuego N° 26.815, para impedir el uso comercial de tierras que se hayan incendiado y así garantizar la recuperación y restauración de las superficies. El otro busca la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública. De todos modos, por el impacto político y económico, las miradas estarán puestas con mayor ahínco en lo que pase con el aporte extraordinario.