Tras el Decreto N° 883/2020 del Ejecutivo, que estableció una nueva reglamentación de la Ley N° 27.350 de «Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados», el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, remarcó la importancia de la nueva normativa que regula el autocultivo, la venta en farmacias y la cobertura de salud. «Decidimos trabajar de manera coordinada y articulada con otros ministerios, universidades, familias, ONG y CONICET para lograr una reglamentación donde la presencia del Estado permita y garantice el acceso», sostuvo el funcionario.

El gobierno amplió los alcances de la Ley N° 27.350, sancionada en 2017, y derogó el Decreto N° 738/2017 que la reglamentó durante el macrismo. Organizaciones civiles que impulsaron la normativa habían cuestionado el escaso impacto en estos tres años. «Tener la tranquilidad de poder cultivar es un gran paso. Hasta ahora éramos consideradas narcotraficantes», dijo en declaraciones radiales Claudia Pérez, referente de Mamá Cultiva, una de las organizaciones que militó la reglamentación.

El decreto hizo que el acceso fuera restringido. «El acceso al aceite de cannabis y sus derivados es restrictivo, porque solo pueden acceder a su uso quienes se incorporen a protocolos de investigación en epilepsia refractaria, y económicamente excluyente, atento el alto costo que implica su importación».

«La nueva reglamentación de la ley de cannabis permitirá el acceso al aceite de cannabis mediante autocultivo, cultivo solidario o la utilización de especialidades medicinales», subrayó González García. «Al mismo tiempo, se abre la posibilidad de ampliar a nuevos usos y a la producción pública. Pese a la centralidad de la pandemia, seguimos ocupándonos de todos los temas sanitarios», reforzó.

El borrador de esta nueva reglamentación permanecía desde julio relegado, por los esfuerzos de la cartera de Salud a combatir la pandemia. Lo elaboró este ministerio junto con el Consejo Consultivo, integrado por miembros de organizaciones sociales, científicas y universitarias. 

Recientemente, el oficialismo también avanzó en el tema con la presentación de dos proyectos que hacen hincapié en el desarrollo económico de la actividad, fuente de miles de puestos de trabajo y de generación de ingresos para los Estados vía impuestos, como los casos de Canadá, algunas jurisdicciones de Estados Unidos y, en América Latina, Uruguay y Colombia. Esos proyectos se tratarían el año próximo, según señalaron desde el Frente de Todos.

Por su parte, Carolina Gaillard, diputada nacional del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos, celebró la nueva reglamentación. «Garantiza el acceso efectivamente, a través del autocultivo o la venta en farmacias». Y aseguró: «Es una decisión política muy importante». 

«Lo más importante es la despenalización del autocultivo para familias»

Esteban Serra es investigador del CONICET, ex decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e impulsor del Servicio de Análisis Cromatográficos que brinda esa casa de estudios.

«La novedad más importante de la reglamentación es que despenaliza la tenencia de plantas de las familias o las personas que las cultivan para su uso medicinal. Es algo que estaba en el espíritu de la ley y la reglamentación anterior no lo había tomado», afirmó en diálogo con Contexto

También remarcó que «amplía las patologías, y eso es algo que había quedado muy corto en la otra ley». En términos generales, «la reglamentación de alguna manera regula situaciones de hecho que ya están validadas por la sociedad», concluyó.