En un nuevo paso para modificar la estructura de Seguridad legada por la gestión de Cambiemos a cargo de Patricia Bullrich, el Ministerio que ahora conduce Sabina Frederic lanzó un programa que buscará reducir el riesgo y la vulneración de derechos humanos en la utilización de armas de fuego en las fuerzas de seguridad. El Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego -oficializado este martes en la Resolución 377- apunta a desarticular las pautas conocidas como Doctrina Chocobar, símbolo del aumento de gatillo fácil en los últimos años.

Para esto, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tendrán un plazo de treinta días para readecuar la normativa anterior y ajustar los criterios de organización «a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego».

Con el foco puesto en clave de derechos humanos, el documento presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación busca pautar «principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», adoptados por la Naciones Unidas (ONU). En ese sentido, se establecerán nuevos criterios y acciones a seguir sobre cuáles serán los casos específicos que requerirán el uso de armas de fuego y de qué modo utilizarlas.

Un Gabinete de Asesores instruirá a policías, gendarmes y prefectos. Este equipo estará a cargo del Ministerio y no implicará una erogación extra en los presupuestos de cada una de las fuerzas involucradas.

La medida se encolumna detrás del objetivo de Frederic de desmantelar el perfil de empoderamiento a la violencia institucional que se promovió durante la gestión de Cambiemos. Junto a este programa se ubican también medidas como la eliminación de la base de entrenamiento policial y militar que se instaló en el complejo Chapadmalaly la suspensión de uso de las pistolas eléctricas Taser adquiridas por la anterior gestión.

Cabe destacar que en las últimas semanas comenzó el juicio contra Luis Chocobar, efectivo de la Policía bonaerense acusado de asesinar en 2017 a Pablo Kukoc, de 17 años, con su arma reglamentaria mientras estaba fuera de servicio. El caso tomó repercusión nacional cuando Chocobar fue recibido en Casa Rosada y felicitado por el entonces presidente Mauricio Macri y su titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Fue la propia Bullrich quien reivindicó el accionar del oficial y anunció de manera pública que se inauguraría una «nueva doctrina» que deje de «victimizar a los delincuentes».

En tanto, con el avance del juicio a Chocobar, la exministra Bullrich -hoy, una de las principales pretendientes a liderar las filas de Juntos por el Cambio de cara al 2021- volvió a defender al oficial acusado y reivindicar la implementación de las polémicas pistolas Taser. «El protocolo Chocobar le permitió a las fuerzas de seguridad tener las reglas claras; la derogación de [ese] protocolo y el no uso de las pistolas Taser dejan a la policía en una situación de incertidumbre», dijo Bullrich semanas atrás en declaraciones radiales.