Los veinticuatro representantes de las carteras educativas de las provincias junto al ministro Nicolás Trotta aprobaron este jueves la aplicación de una evaluación epidemiológica que permitirá analizar en cada localidad el retorno «progresivo, parcial y escalonado» de las clases presenciales. 

El denominado «Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de la pandemia» indica que cada jurisdicción evaluará las posibilidades de implementar las clases presenciales en base a nueve puntos que deberán cumplir. 

Entre otros aspectos, deberán tener en cuenta la forma de traslado de los estudiantes y docentes, contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia, contemplar la situación habitacional y los niveles de hacinamiento de la comunidad educativa, instruir al personal en las medidas y protocolos de prevención, y realizar capacitaciones para la actuación frente a casos sospechosos o confirmados. 

Además, se clasificará cada lugar de acuerdo con el riesgo (bajo, mediano y alto). «En base a ese semáforo, cada gobernador podrá decidir qué apertura es segura por localidad», indicó Trotta luego de la reunión. 

En ese sentido, a partir de esa clasificación de riesgos se decidirá la forma en que se desarrollen las actividades. Así, una localidad con bajo riesgo podrá tener una reanudación escalonada y progresiva de las clases presenciales en todos los niveles educativos y modalidades; una con riego medio o moderado podrá realizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez personas, preferentemente al aire libre, y actividades presenciales de cierre del año para estudiantes del último año de nivel primario y secundario. 

Desde la cartera educativa señalaron también que en estos meses Nación y las provincias realizaron una inversión de más de 2.300 millones de pesos, entre insumos de higiene y readecuación de la infraestructura escolar. 

Los puntos que evaluarán los gobiernos provinciales para definir la posible presencialidad en establecimientos educativos son los siguientes: 

1) Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.

2) Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos.

3) Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes, y planificación de acciones preventivas.

4) Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.

5) Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado de covid-19 en la escuela.

6) Articular entre las carteras de Salud y Educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7) Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas, como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios, entre otras.

8) Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.

9) Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo.