Por Gabriela Calotti

La dictadura cívico-militar-eclesiástico-empresarial fue responsable de la desaparición de más de 340 adolescentes en todo el país, muchos de ellos en La Plata, Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las cifras de organismos de derechos humanos indican que el 21 % de los desaparecidos eran estudiantes secundarios y universitarios. La Plata fue uno de los blancos del terrorismo de Estado ejecutado por las fuerzas militares y principalmente por la Policía bonaerense, dirigida entonces por Ramón Camps.

«Estos jóvenes, que convivían con sus padres y mostraban tempranas y con frecuencia abnegadas inquietudes intelectuales, artísticas, políticas, sociales, sufrieron un destino común que comenzó con su apresamiento brutal, seguido de tortura y vejámenes, para culminar con el traslado hacia lo desconocido y la ausencia indefinida», escribían hace muchos años Augusto Conte Mac Donell, Noemí Labrune y Emilio Fermín Mignone en un informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La mayoría de aquellos chicos y chicas tenían ideales emancipadores y revolucionarios. Querían una sociedad mejor, un país justo. Esos primeros años de la década del setenta fueron el cultivo de numerosas agrupaciones estudiantiles que reflejaban el movimiento social y respaldaban las reivindicaciones de los trabajadores en La Plata, Berisso y Ensenada. Allí estaban las asambleas multitudinarias en el Rectorado de la UNLP o en Propulsora Siderúrgica, por citar algunas.

El triunfo de Cámpora en las urnas dio un impulso sin igual al fragor militante. La contrapartida fue el terror que meses después empezaron a sembrar la ultraderechista y peronista Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y su brazo universitario, la CNU (Concentración Nacional Universitaria).

El 8 de octubre de 1974, el asesinato de dos dirigentes de la UNLP, Rodolfo «El turco» Achem y Carlos Miguel, marcaron un punto de inflexión en La Plata. En los meses siguientes las víctimas fueron decenas de estudiantes, docentes y trabajadores. El asesinato de Arturo «Patulo» Rave, el 24 de diciembre de 1975, fue uno de los símbolos del horror que quería sembrar la CNU dejando los cuerpos acribillados en lugares públicos. 

Lo que años después fue bautizado como la «Noche de los lápices» fue parte del terrorismo de Estado de la dictadura, que sin embargo había comenzado antes.

El 16 de septiembre de 1976, grupos de tareas conducidos por Camps secuestraron a Claudia Falcone (16 años), Francisco López Montaner (16 años) –ambos alumnos del Colegio de Bellas Artes–, María Clara Ciocchini (18 años) –exalumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca–, Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años) –ambos de la Escuela Normal Nº 3– y Claudio de Acha (18 años) –alumno del Colegio Nacional de la UNLP–. Todos ellos eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Gustavo Calotti (17 años), del Colegio Nacional (UNLP), fue secuestrado el 8 de septiembre. Víctor Treviño, alumno de la Escuela Media N° 2, más conocida como «La legión», fue secuestrado el 10 de ese mismo mes. El 17 de septiembre fueron secuestradas Emilce Moler y Patricia Miranda, ambas de Bellas Artes (UNLP). Lo mismo sucedió con Pablo Díaz –otro estudiante de La legión– el 21 de septiembre.

Víctor Treviño, conocido como «Lulo», también tenía 17 años, vivía con su mamá y su hermana. Su papá había fallecido. Me acuerdo siempre de Lulo, de sus rulos, y me acuerdo de Horacio, porque venían a mi casa. Lulo también debería integrar la lista de la llamada Noche de los Lápices, pero no es así. ¿Por qué su nombre fue invisibilizado del relato? ¿Quién decidió armar esa lista y dejar en el olvido a otros jóvenes que siguen desaparecidos? ¿Con qué derecho?

Lulo militaba en la Juventud Guevarista, vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, marxista). Tras su secuestro fue llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en Arana, y de allí al Pozo de Quilmes, en el mismo traslado en el que fueron Emilce Moler y Gustavo Calotti. Gustavo y Lulo compartieron celda hasta mediados de octubre de 1976, cuando a Lulo lo trasladaron y ya no se supo nada más.

La UES estaba vinculada a Montoneros (peronista). Otros jóvenes militaban en la Federación Juvenil Comunista (FJC), en la Juventud Socialista (JS), en el Grupo de Estudiantes Socialistas Antiimperialistas (GESA) y en la Juventud Radical Revolucionaria (JRR).

Aquella marcha por el «medio boleto estudiantil» en septiembre de 1975 tenía por objetivo aunar al sector estudiantil frente al terror que ya estaba sembrando en la ciudad la patota de la CNU y Triple A contra militantes de la izquierda y del peronismo revolucionario.

Pasan los años y las conmemoraciones de otro 16 de septiembre. Emilce Moler, quien días atrás presentó su propia historia en el libro La larga noche de los lápices, estuvo toda la semana detrás de la pantalla de la computadora ofreciendo charlas y brindando entrevistas. Gustavo Calotti habló con jóvenes de Concordia, de Chaco, participó de un homenaje organizado por el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, esta vez junto con Emilce; y este fin de semana tiene previsto una videoconferencia organizada por el Faro de la Memoria en Mar del Plata.

Pasan los años, y los juicios por delitos de lesa humanidad siguen a cuentagotas. El juicio por los llamados Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, dos de los veintinueve centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más importantes que integraban el Circuito Camps y por donde pasaron les pibes de la Noche de los Lápices, debía comenzar en 2017. Pero no fue así.

Está previsto que comience el 27 de octubre próximo, más de 44 años después. El juicio oral y público que llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata con jueces subrrogantes –así está desde 2016, cuando el juez Carlos Rozanski fue obligado a renunciar–, se hará de forma virtual (debido a la pandemia) y presencial con una audiencia semanal, los días martes.

En el banquillo estarán diecinueve acusados, entre estos el ex mano derecha de Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado a varias perpetuas, y Jorge Antonio Bergés, médico de la bonaerense. Por primera vez, en el banquillo estará Juan Miguel Wolk, ex jefe del Pozo de Banfield, que espera el debate en domiciliaria en Mar del Plata, sin ninguna condena. Serán juzgados por secuestros, torturas, asesinatos, abusos sexuales y apropiación de bebés. Frente al tribunal pasarán más de cuatrocientos testigos en busca de memoria, verdad y justicia.

Todavía quedan muchas preguntas. Y los genocidas siguen sin responder. Ellos saben qué hicieron con aquellos adolescentes. Ellos saben qué hicieron con Jorge Julio López, de cuya segunda desaparición se cumplieron el viernes catorce años. Todo está guardado en la memoria.