Por Jorge Luis Bernetti*

Si ningún imprevisto, de esos que azotan a cualquier proyecto político en cualquier sociedad por causas poco detectables, se presenta, el próximo miércoles 23 el Senado de la Nación, en su sesión ordinaria, aprobará el Fondo para el Financiamiento de la Defensa Nacional (FONDEF), un instrumento jurídico que permitirá alcanzar el progresivo reequipamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA).

¿Por qué es importante esta decisión? La falta de equipamiento tecnológico, de armas y sostén del despliegue armado constituye una grave falencia para una institución militar. Desde 1983, el descenso del presupuesto militar se realizó por una razón económica, para reducir su peso elefantiásico en el gasto del Estado y, también, para que –de hecho– esa reducción pesara en el poder de las FFAA.

Si la primera era necesaria, no fue seguida por una reestructuración profunda de las FFAA y la segunda razón se reveló como inútil, si no hubiera ocurrido una reforma educativa, legal y política sobre los cuadros y los procedimientos de las FFAA. Esa reforma (algunos de cuyos rasgos se presentaron en el Ejército conducido por el teniente general Martín Balza) fue desarrollada significativamente por la política ejecutada desde el Ministerio de Defensa a cargo de Nilda Garré en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Si no hay reequipamiento militar, no hay FFAA eficientes. El gobierno del presidente Alberto Fernández ha venido desarrollando dos iniciativas diversas pero concurrentes en el marco de la Defensa.

La primera fue la de incorporar al salario militar todas las cifras que estaban presentes en él como «no remunerativas», es decir que no devengaban beneficios como aportes jubilatorios. El salario «en negro» constituye una injusticia para todos los trabajadores públicos y privados porque limita su presente y su futuro. El presente, en el caso de calcular una indemnización por despido, y el futuro porque reduce los montos de retiros[1] (como se denomina en el lenguaje militar a la jubilación) y pensiones.

La segunda innovación es, precisamente, la del FONDEF. Éste se constituirá en un «fondo de afectación específica», es decir que no podrá ser destinado a otro destino que al previsto por la norma de ley. El monto destinado equivaldrá al 0,2 por ciento del Presupuesto Nacional (PN). Se fija su duración en cuatro años: en 2021 se destinarán 21.000 millones de pesos; en 2022, 100 mil millones; y en 2023, 105 mil millones de pesos.

Una de las condiciones importantes para su uso es que el 80 por ciento de estos fondos se usarán para financiar la fabricación en el país de equipos militares y el 20 por ciento restante para la importación de aquellos que no pueden ser todavía construidos en el país. Constituye un respaldo a la industria nacional y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas que, por sí, o por su abastecimiento a los establecimientos de Fabricaciones Militares, al astillero Tandanor y a la Fábrica de Aviones (FADEA) Brigadier General San Martín, se constituyen en un aporte decisivo del aparato industrial militar del Estado argentino.

El tema salarial y el equipamiento procuraron ser utilizadas como banderas por sectores reaccionarios del mundo castrense que las manipularon cuando las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura merecieron el repudio de la mayoría de la sociedad.

El difícil momento por el que atraviesa América Latina por el retroceso de los movimientos populares impactó sobre la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y sobre su CDS (Consejo de Defensa Suramericano), puntos de partida de un acuerdo militar continental para organizar una estructura política y de defensa por afuera de la OEA y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Por este retroceso se frenó también la coordinación de producción militar conjunta latinoamericana para contribuir a reducir la dependencia de abastecimientos y equipos de los países de la OTAN, particularmente de los Estados Unidos.

Este desarrollo en manera alguna implica dejar de lado una atenta política sobre el pasado y el presente. La reciente rectificación del Ejército sobre su desafortunado tuit de recordación de un episodio represivo, constituyó tanto la confirmación de tendencias conservadoras existentes, como de la capacidad del poder político para rectificarlas; en este caso, por medio de una silenciosa y oportuna intervención del Ministerio de Defensa.

En cuanto al FONDEF, su aprobación comenzó a producirse en los días finales del gobierno macrista, cuando a iniciativa del entonces presidente de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Agustín Rossi, se presentó esta iniciativa que, luego de intensos y hábiles cabildeos, fue votada por unanimidad por el cuerpo, sin despacho de comisión, directamente en el recinto. Ello requirió la aprobación de los dos tercios de los legisladores presentes. La votación confirmatoria del lunes en el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Defensa del Senado, caminó en la misma dirección. Más allá de que la amplia mayoría del FdT en la Cámara alta garantiza su aprobación el miércoles 23, el camino de su sanción por unanimidad prueba que es posible –en algunos casos– producir decisiones políticas por consenso, es decir con la aprobación de todos. Aunque ello no implica que la unanimidad deba ser la regla de la democracia –de hecho, no lo es– porque la vigencia de esta implica competencia y decisión mayoritaria. Que se la haya logrado en este tema, constituye un triunfo político para la convivencia política y para la Defensa Nacional. 

[1] Cuando los militares completan los años de servicio o son dejados fuera de la fuerza a la que pertenecen por razones diversas, pasan a la categoría de «retirados». Cobran lo que es en términos civiles una jubilación, pero no pierden el denominado «estado militar», y en cualquier momento pueden ser convocados otra vez al servicio activo por el artículo 62 de la Ley del Personal Militar. El retiro es diferente a la «baja» por la cual quedan separados de la institución castrense por su propia voluntad, por imposición de aquella o por una decisión judicial.

* Director de la Cátedra Libre de Defensa Nacional (UNLP).