Trabajadores y trabajadoras de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) de La Plata denunciaron públicamente al intendente Julio Garro por precarización laboral al incumplir la ordenanza que regula al sector, y advirtieron que solo están percibiendo 11.300 pesos como salario.

En julio de 2019, Julio Garro lanzó formalmente la GUP, presentada por el jefe comunal como un grupo de «agentes profesionales que va a prevenir y a detectar situaciones de riesgo de todo tipo: delictivas, viales y climáticas», siendo así «la cara visible de un Estado municipal que volvió a estar en los lugares de los que se había retirado». Sin embargo, un año después sus trabajadores y trabajadoras señalan que, a pesar de estar en todos los frentes, «hay bajos sueldos, maltratos laborales, falta de indumentaria y de suministros acordes para la pandemia».

La GUP fue creada mediante la Ordenanza Municipal 11.722 para «afianzar la presencia del Estado Municipal en la vía pública». Según establece el artículo N° 7, tiene que contar con personal «capacitado perteneciente a la planta permanente o contratada municipal», pero la mayoría de quienes hoy forman parte de esta guardia son cooperativistas. En ese sentido, mientras se espera que el lunes haya una mesa paritaria municipal, con este régimen no tienen los mismos beneficios. 

«Hay dos faltas: la falta de contrato, que es una falta grave, y los que no están contratados están como cooperativas, pero tampoco cumplen con el régimen tributario. No nos están pagando el monotributo», explicó uno de los trabajadores a Contexto. «No tenemos monotributo, ni aportes, ni obra social», explicaron a este medio.

Según detallaron, en su mayoría cobran 11.300 pesos, con un régimen de 12 horas por 36, sin aumentos hace un año y hoy afectados como personal esencial y en incumplimiento con la ordenanza que regula al sector.

La GUP está bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de la Municipalidad de La Plata, conducida por el procesado Darío Ganduglia. Tiene como directores a Carlos Mariezcurrena, Cristian López y Eduardo Suárez, quienes, si bien atendieron el reclamo planteado, no brindaron soluciones.

Silvia Torrales, de ATE, explicó a Contexto: «Con 11.300 pesos estamos bajo la línea de la pobreza, el sueldo de una persona indigente. Hay chicos que pagan alquiler y no sé cómo hacen para subsistir. Es una tragedia muy grande lo que estamos viviendo, y los chicos están haciendo un reclamo justo».

Mientras esperan una respuesta de las autoridades competentes, los trabajadores y trabajadoras del GUP decidieron realizar retención de tareas hasta que les brinden soluciones.