Oyendo un reclamo histórico del sector, el gobierno nacional, a través del decreto 721/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, estableció que el Estado deberá contar con un 1 % de representación trans, travesti y transgénero.

El decreto publicado este viernes por la madrugada establece que «en el Sector Público Nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo», por lo que «se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero».

Se trata de uno de los reclamos históricos del colectivo trans y travesti de Argentina, quien hoy se encuentra mayormente excluido del ámbito laboral, con un 95 % teniendo que recurrir al trabajo sexual. Esta iniciativa tuvo como principal impulsora a Diana Sacayán, asesinada un mes después de que la normativa fuera aprobada en la Legislatura bonaerense, y que comenzara a nacionalizarse el pedido de que el Congreso sancione para todo el país una ley, pedido que hoy se encuentra en comisiones con once iniciativas.

En diálogo con Contexto, Marlene Wayar, escritora, activista y directora de El Teje -primer periódico travesti de Latinoamérica-, celebró la noticia y destacó que «este tipo de medidas tienen un golpe simbólico muy grande a toda la sociedad, a instalar en este sentido hacia dónde caminamos y hacia dónde queremos caminar, y eso es importantísimo e invaluable, porque alrededor de 4.000 compañeras y compañeres van a acceder a puestos en el Estado y es maravilloso».

El DNU reconoce «las vulneraciones que se han cometido históricamente contra las personas travestis, transexuales y transgénero en nuestro país» y establece como beneficiaries de esta normativa a quienes «hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen», destacando que tienen «derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión, por lo que no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos». Asimismo, pone el foco en la educación y resalta que «si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos».

Otrans Argentina, organización que tiene fuerte anclaje en la ciudad de La Plata, también celebró la medida. «Responde a un reclamo histórico de nuestra comunidad, de nuestro movimiento. Creo que cuando hay un gobierno popular, democrático, transfeminista, se ganan derechos», destacó en diálogo con Contexto Aradia García, referenta de esta organización. «Se empieza un proceso de reparación que justamente halla en 2010, cuando se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2012, cuando se sancionó la Ley de Identidad de Género, y hoy con este DNU para poder garantizar el cupo laboral travesti y trans, es sumamente necesario. Es otorgar un derecho humano básico como es el trabajo».

Wayar destacó que hay detrás de este decreto un mensaje positivo hacia las infancias y la sociedad toda. «Van a ir de la manito con sus adultes responsables a una oficina pública y van a ser recibidas por una trava, por un pibe trans, y van a poder espejarse ahí y ver que hay un destino posible, que hay un Estado que les abraza y les da posibilidades de desarrollo a futuro. Que no dejen la escuela, que sigan sus sueños. No es lo mismo estar viendo que siempre sucede la tragedia de estar alojadas solo en la prostitución o en el desempleo, el maltrato y la segregación», explicó.

En ese sentido, Wayar consideró que «un decreto de necesidad y urgencia pone esto sobre el relieve: es sumamente necesario y sumamente urgente que todo y cada uno de los institutos revean sus políticas concretas para con la población travesti-trans. Esto es en el ámbito laboral, pero tendrá que hacer su lectura el ámbito educativo, de la salud, de la vivienda, las instituciones de seguridad que son las que más violencia vienen cometiendo contra el colectivo travesti-trans a través de las policías provinciales y federal».

Con la posibilidad de que unas 4.000 personas trans y travestis accedan a un empleo formal, Wayar resaltó la necesidad que tanto la Cámara Baja como la Alta avancen hacia una normativa aún más amplia. «El decreto tiene sus límites. Una próxima gestión podría dejarlo sin efecto, que es más difícil que suceda si es una ley que sale del Congreso», destacó. En ese sentido, reiteró la importancia de «que sea una ley mucho más profunda, que abarque muchos más aspectos y que llegue a mucha más personas. Hoy estamos hablando de un alcance de 4.000 personas travestis y trans en todo el país que van a poder acceder al empleo público, pero estamos hablando de una comunidad de alrededor de 30.000 personas».

«El Congreso puede además indicarle al Estado que esta es una exigencia también para aquellas empresas privadas que brindan servicios o productos al Estado a través de las concesiones y que el Estado cree líneas de fomento a partir de cuestiones impositivas y que estén relacionadas para que a la empresa privada le convenga tener su cupo trans. También líneas de créditos con tasa afrontables para aquellos grupos de personas travestis, trans que desean formalizar una cooperativa, una pyme o un emprendimiento», puntualizó Wayar.

Gómez Alcorta: «Se trata de un hecho histórico»

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual adelantó la creación de un registro en el ámbito de su Ministerio, y que será «optativa la inscripción pero que va a permitir asegurar y garantizar esas contrataciones», a la vez que detalló que se «crea una unidad de coordinación interministerial que va a estar integrada por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Empleo Público y el INADI».

«Estamos convencidos de que se trata de un hecho histórico que sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que la expectativa de vida hoy en nuestro país, en pleno siglo XXI, para las personas travestis y trans es de cuarenta años, a partir de una cadena de explosiones, discriminaciones, violencias que atraviesan toda la vida, como Estado tenemos la obligación de generar las condiciones que le garantizan el ejercicio pleno de los derechos y también de igualdad de oportunidades», finalizó la ministra.