Por Melina Pirotti

La quema de pastizales no es novedad en el territorio argentino. Lamentablemente, los intereses económicos vuelven a predominar por encima del respeto a la biodiversidad. No solo se produce la quema de millones de hectáreas, sino que también se atenta contra la flora, la fauna, el aire y el agua.

Esta forma de dañar la naturaleza tuvo sus comienzos a principios del año 2000 y se profundizó con la construcción, los negocios inmobiliarios, el aumento de la ganadería y la expansión de la agricultura. En el caso particular de Rosario, también se produjo con la puesta en uso del puente que une esa ciudad con Victoria, en Entre Ríos.

A partir del relevamiento que Greenpeace realizó con el monitoreo de deforestación en el norte de Argentina, se reveló que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 14.906 hectáreas (7.759 en Santiago del Estero, 3.073 en Formosa, 2.435 en Salta y 1.639 en Chaco). La principal causa de los desmontes es el avance de la ganadería intensiva. En las últimas tres décadas, Argentina perdió cerca de 8 millones de hectáreas de bosques nativo, convirtiéndose en uno de los diez países que más deforestan.

La quema de pastizales generalmente tiene lugar en el mes de septiembre, cuando los productores las ejecutan buscando el brote para reactivar la plantación. El CONICET planteó una hipótesis de por qué están sucediendo un mes antes: los productores están quemando juncales y pajonales, no para buscar el brote, sino para secar el suelo y así liberar o limpiar el terreno para favorecer la cría de ganado o sembrar soja.

La zona de tierra afectada en la actualidad son los humedales, un ecosistema clave para la región del Delta y también para la zona centro del país, ya que intervienen en la regulación del flujo y la calidad del agua. En épocas de lluvias retienen el agua, impidiendo grandes inundaciones en zonas metropolitanas. Y en tiempos de sequía, son el reservorio ideal para que el agua pueda fluir hacia donde sea necesario.

Los ecosistemas cumplen varias funciones, muchas de los cuáles benefician nuestra existencia: regulan las inundaciones, crecidas y sequías; aportan oxígeno a la atmósfera, captan dióxido de carbono, mantienen áreas de nidificación, refugio y traslado de fauna y flora silvestre. Aportan al mantenimiento de la biodiversidad y a la generación de procesos como la autodepuración de aguas, la caza, la pesca y el desarrollo turístico y recreativo.

En 2008, tras los incesantes incendios registrados en época de sequía que se efectuaban por la misma razón antes mencionada, se dictó la Ley de Quemas –Ley 9.868– para el manejo y prevención del fuego. Si bien la legislación está, la Justicia decide hacerse a un lado, haciendo oídos sordos a los reclamos que hacen los ciudadanos, actuando a favor de empresarios inescrupulosos y en contra del medioambiente.

En estos momentos, la realidad que se vive en el Delta es preocupante: los incendios intencionales ya quemaron más de 90.000 hectáreas, según afirmó el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld. Algunas viviendas de la zona corren riesgo de ser alcanzadas por el fuego, que es combatido por bomberos y voluntarios. El fuego en las sierras en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ya afectó viviendas provocando la evacuación de muchas familias. El Ministerio de Ambiente de la nación calificó la situación como un «ecocidio».

En los últimos años los niveles de agua son muy bajos respecto a los registros históricos por la falta de lluvias. Eso hace que haya menos agua y el humedal se transforme en un sistema débil y frágil. Por esto, muchos productores de nuestro país aprovechan la oportunidad para ampliar las zonas de producción y queman pastizales, generando un grave peligro al ecosistema del Delta, un lugar donde los incendios se descontrolan fácilmente.

Además del daño al ecosistema, ya que, por ejemplo, el Delta del Paraná alberga unas 700 especies de vegetales, 543 especies de vertebrados y 260 especies en aves, el fuego provocó consecuencias secundarias, tales como la expansión del humo que cubrió las ciudades cercanas y ocasionó dificultades en las personas para respirar. A raíz de esto, varias organizaciones convocadas por la Multisectorial por la Ley de Humedales comenzaron a alzar su voz en busca de respuestas y acciones concretas para promulgar esta ley.

La presión para lograr nuevas tierras para uso ganadero en nuestro país es una de las facetas de un modelo agropecuario que decide arrasar con bosques y humedales. Sin embargo, no solo sucede aquí, sino que toda Latinoamérica está maniobrando de la misma manera –la quema del Amazonas del año pasado tuvo detrás productores y empresarios con los mismos fines económicos y comerciales–.

La gran problemática es que estos actos irresponsables fomentan un cambio en nuestro hábitat, haciendo desastres en la naturaleza con objetivos comerciales. Sin embargo, ¿nadie piensa que sin biodiversidad las personas moriremos? Porque el país puede llenarse de industrias, pero si las personas contraemos enfermedades, tenemos muertes tempranas, aspiramos aire contaminado y los animales se extinguen, los comercios no servirán de nada y, cuando quieran recordar, ya será demasiado tarde.

La quema de humedales traerá grandes consecuencias al medioambiente. No obstante, cualquier acción humana que siga aumentando el daño a la naturaleza será perjudicial para nuestro futuro. La pandemia nos permitió ver cómo el mundo tuvo un respiro de la constante contaminación provocada por la marcha incesante de las personas y la economía. Ahora es tiempo de que tomemos conciencia y actuemos con compromiso y responsabilidad. El momento es ahora: el medioambiente nos necesita.