Este martes se reunió nuevamente el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, un comité multisectorial en el que participan, además de funcionarios del gobierno nacional, sindicalistas, empresarios y políticos opositores. Fue para evaluar medidas para el acceso a alimentos para los sectores vulnerables del país, sobre todo por el impacto de la pandemia en la niñez.

En una conferencia virtual que se prolongó por más de tres horas, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que lidera el Consejo, destacó que trabajarán en tres ejes: cobertura alimentaria, mejora de la calidad nutricional y producción de alimentos.

«En la etapa que viene vamos a trabajar en tres ejes: fortalecer la comensalidad en los hogares, mejorar la calidad nutricional y mejorar la producción de alimentos, acercando a productores y consumidores, fortaleciendo la pequeña escala de producción y el programa Pro-Huerta, entre otras iniciativas. Vamos a dividir esta Mesa en comisiones de trabajo sobre estos ejes específicos», sostuvo el ministro.

«Nos sentimos cuidados y escuchados por el Estado nacional, hay muchas acciones y propuestas para la actualidad y para después de la pandemia», afirmó a Contexto Francisco Paco Olveira, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. «Hubo propuestas interesantes», remarcó, y destacó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios y el programa Sembrar Soberanía Alimentaria, que se lanzará próximamente y apunta a apoyar la producción y comercialización de alimentos de la agricultura familiar.

Arroyo presentó un informe sobre la ejecución presupuestaria para sostener la política alimentaria. Brindó datos sobre la asistencia de su cartera a los sectores más desprotegidos por unos 69.747 millones de pesos en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, entre enero y julio de este año. Asimismo, indicó que en la actualidad 11,2 millones de personas reciben asistencia alimentaria en el país.

Durante el encuentro también se dio a conocer un mapeo realizado en el país que reveló que hay 79.000 niños con baja talla (por ejemplo, tienen nueve años pero sus características físicas son de cuatro) en 232 municipios de los 2.164 que hay en la Argentina.

Participaron más de un centenar de referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales, de universidades y de la sociedad civil. Fueron oradores, además de Arroyo, Victoria Tolosa Paz (titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales), Monseñor Carlos Tissera (presidente de Cáritas), Estela de Carlotto, Esteban «Gringo» Castro (UTEP), Chiche Duhalde, Marcelo Tinelli, Francisco Durañona, Daniel Funes de Rioja (Copal), Osvaldo Carnival (ACIERA), Laura Alonso (secretaria de Inclusión Social), Luisa Brumana (UNICEF), Juan Granillo (CNCPS), Julio González (Orali), Nahuel Levaggi (presidente del Mercado Central), Narda Lepes, Adolfo Pérez Esquivel y Ianina Tuñón.

También participó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; la titular de AySA, Malena Galmarini; representantes de la Mesa de Enlace como Carlos Achetoni (FAA), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Carlos Ianizzotto (Coninagro); Bernardo Affranchino (Alianza Evangélica); Hugo Godoy (CTA Autónoma); Jorge Knoblovits (DAIA); José Martins (Bolsa de Cereales).

Hay datos que preocupan al gobierno, que se mencionaron durante la videoconferencia: casi el 63% de los niños argentinos serán pobres a fin de año, según un informe de UNICEF. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones. De ahí las urgencias para profundizar el accionar del Estado para revertir esa situación.

El Plan Argentina contra el Hambre fue una convocatoria del presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gobierno, ante la emergencia alimentaria por la herencia económica y social que dejó el macrismo: 17 millones de pobres (35,5% de la población) y 3,8 millones de indigentes (según datos del INDEC al segundo semestre de 2019), situación que se complejizó aún más con la llegada de la pandemia.

Ante esto, el gobierno activó una serie de políticas sociales, entre estas, la Tarjeta Alimentaria, que alcanzó a 4,3 millones de personas, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los sectores más afectados. Según datos del gobierno, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza e indigencia.