Por Carlos Ciappina

Las relaciones exteriores entre los Estados Unidos y América Latina han estado –desde el comienzo de la vida independiente en ambos hemisferios– signados por la determinación norteamericana de considerar América (del Norte, del Sur, Central y el Caribe) como su propio hemisferio.

Desde la declaración de Monroe en 1823 hasta el ALCA (frenado en la inolvidable jornada de la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en el año 2005), los vínculos entre los Estados Unidos y América Latina han estado signados por las casi permanentes y recurrentes invasiones, ocupaciones, intervenciones armadas o apoyo a golpes de Estado, guerras civiles y toda la gama de presiones y sanciones siempre desde un país –los Estados Unidos– hacia el resto de las naciones del continente.

Baste decir que lo que hoy es una nación-imperio de alcance global inició su camino de transformación en superpotencia desplegando sus empresas, fuerzas militares e injerencias indebidas sobre el territorio latinoamericano. Nada de lo que los Estados Unidos le ha hecho al resto de los países del mundo no lo ha probado y desplegado primero en nuestro continente latinoamericano.

Sin embargo, es necesario señalar que este carácter agresivo e injerencista tiene sus etapas y momentos de mayor o menor densidad e intensidad, resultado de las necesidades norteamericanas, las resistencias latinoamericanas y el contexto internacional.

Por ejemplo, luego de la etapa más abierta de imperialismo inaugurada por Theodor Roosevelt en 1904, en la década de 1930, y en especial durante la Segunda Guerra Mundial, la política exterior norteamericana se volvió menos invasiva, dando la chance de discutir los modos de relacionarse entre América Latina y el país del norte. Y, sobre todo, abriendo una ventana de posibilidad para que gobiernos nacionalpopulares llevaran a cabo una política internacional más autónoma ante la asfixiante presencia norteamericana.

Pero con la Guerra Fría inaugurada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esa flexibilización norteamericana desapareció. Con el nacimiento de la Revolución cubana (1959), la política norteamericana hacia América Latina retomó las tradicionales modalidades de intervención armada, sanciones económicas, apoyo a golpes de Estado o todo junto.

Así, las décadas de 1960-1970 vieron desplegarse la Doctrina de la Seguridad Nacional, y el puño de hierro norteamericano volvió a cerrarse. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, Estados Unidos disputó el mundo con la Unión Soviética y América Latina fue uno de esos tantos territorios de la competencia.

El colapso soviético y la emergencia de Estados Unidos como única potencia global a principios de los noventa volvió a distender las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El Consenso de Washington fue más una estrategia económica –en muchos casos apoyada por gobiernos electos en la región– que una modalidad de intervención «a la antigua». La caída de las Torres Gemelas en 2001 concentró el interés de la política exterior norteamericana en el cercano y mediano oriente, lo que, unido a la emergencia de un nuevo ciclo nacionalpopular en América Latina, permitió una redefinición de las relaciones a favor de una mayor autonomía de los países latinoamericanos y la profundización de los procesos de integración (Mercosur, ALBA, UNASUR y CELAC).

Hoy, a principios de la tercera década del siglo XXI, los Estados Unidos no parecen ser la única potencia global. Esa supremacía está en discusión –no derrotada– por varios polos de poder económico-políticos: China ha alcanzado al PBI norteamericano, algo que parecía imposible veinte años atrás; Europa –sin Gran Bretaña ya– se ha consolidado como una unidad continental dirigida por Alemania; y Rusia –pese a sus debilidades económicas– es la segunda potencia militar del mundo. Estancado en Irak, derrotado en Afganistán y sin poder quebrar a Irán (con Pakistán y la India como potencias nucleares subregionales), tampoco parece tener Estados Unidos el control sobre Oriente Medio.

No resulta sorprendente que en esta situación de recomposición multipolar y en medio de la pandemia de covid-19, que lo tiene como principal afectado del mundo; los Estados Unidos y su presidente Donald Trump retrotraigan su mirada hacia América Latina y sus recursos. Después de todo, siempre la consideraron un lugar adonde recurrir para obtener recursos a bajo costo.

Este «retorno» norteamericano preanuncia situaciones cada vez más injerencistas. Lejos de la discursividad y la práctica de la Administración de Barack Obama –que llegó a intentar hasta un deshielo del bloqueo a Cuba–, Donald Trump ha retomado el camino de la política exterior agresiva y patotera: impulsó desembozadamente la candidatura de Jair Bolsonaro en Brasil; apoyó al gobierno de Mauricio Macri, impulsando que el FMI le otorgara el mayor crédito de la historia para ganar en las elecciones de 2019; promovió y sigue promoviendo un «presidente asignado» sin reconocer al gobierno legal y legítimo de Venezuela (junto con el embargo y la confiscación de activos legales venezolanos en los Estados Unidos).

En esta coyuntura aparece la necesidad de nombrar al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID fue creado en abril de 1959, a cuatro meses del triunfo de la Revolución cubana y con el propósito de constituirse en un Banco para el «Desarrollo de las Américas». Desde su creación hasta ahora había una norma no escrita: la dirección del BID estaba en manos de un representante de América Latina, nombre al que se llegaba por consenso y en última instancia mediante votación. Rompiendo esa tradición, Trump propone un hombre «suyo» para presidirlo (digamos de paso que es el banco de desarrollo regional más grande del mundo, con 105.000 millones de dólares de capital).

¿Por qué el cambio? Una primera aproximación tiene que ver con que el mandatario –a quien no le ha ido muy bien en el sostenimiento de la hegemonía norteamericana a nivel global– percibe la elección en el BID como una prueba sobre la hegemonía norteamericana en el hemisferio. En ese sentido, Trump y los Estados Unidos ven en China un nuevo competidor global que incluye la disputa del terreno económico en la propia América Latina.

Lo primero que deberíamos decir es que este cambio de estrategia con respecto al BID es, quizás, una muestra más de la debilidad coyuntural de los Estados Unidos. La presión para poner un representante norteamericano es, más que una señal de avance, una muestra de desconfianza en las propias fuerzas. Pero, aún así, el otro ingrediente de la postulación es el perfil del candidato norteamericano: Mauricio Claver-Carone.

¿Quién es Mauricio Claver-Carone? Es un cubano-norteamericano, nacido de madre cubana anticastrista en Florida. Un obsesivo contrarrevolucionario que se ha dedicado casi con exclusividad a la temática de derrocar al gobierno cubano. Ha estado desde siempre en los equipos de campaña de Trump. Forma parte de la activa organización anticubana Democracia Cuba-Estados Unidos, un poderoso Comité de Acción Política cuyo lema es inconfundible: «La transición incondicional de Cuba a la democracia y al libre mercado».

Ha sido un crítico de la hoja de ruta de Barack Obama que proponía ir abriendo el embargo sobre Cuba y su pueblo. Calificó esa iniciativa –que incluso podía favorecer en primera instancia a las propias empresas norteamericanas– como «una iniciativa que le da un pie de apoyo al régimen castrista». Trump lo nombró al asumir su gobierno como principal asesor para América Latina en el poderoso Consejo Nacional de Seguridad (NSC).

Desde allí se transformó en el principal impulsor de la política de golpe institucional contra el gobierno democrático de Nicolás Maduro en Venezuela. En ese rol, es quien ha ideado la estrategia de confrontación con Venezuela que propone cada vez mayores sanciones –sobre todo económicas– y la postulación y reconocimiento por parte de Estados Unidos de Juan Guaidó como «presidente a cargo» sin que nadie lo eligiera ni votara. Una estrategia que ha logrado muy pocos apoyos internacionales.

En la asunción del presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el representante norteamericano fue el señor Mauricio Claver-Carone. Rompiendo todas las reglas del protocolo diplomático y faltándole el respeto a un país soberano y a un presidente electo por el voto popular, se retiró de la asunción molesto porque había representantes del gobierno legal y legítimo de Venezuela y exfuncionarios del anterior gobierno –legal y legítimo– de Rafael Correa. Como si fuera un virrey de otras épocas, señaló a Clarín: «Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No vamos a tener las varias reuniones de trabajo que tenemos programadas para mañana».

La postulación de este lobista altamente politizado y sesgado para presidir el BID no ha caído de la mejor manera en los gobiernos de América Latina. Sus actitudes prepotentes y su discurso de la época de la Guerra Fría han causado sorpresa y malestar en gobiernos de diferentes signos políticos.

El canciller chileno Allamand (del gobierno conservador de Piñera) ha expresado que «tampoco se entiende que el señor Claver-Carone acuse a los países que hemos expresado nuestra opinión con independencia de ‘subvertir las reglas del juego’, cuando su candidatura rompe una regla de oro de la institución que tiene 60 años: que el presidente del BID debe ser un latinoamericano y el vicepresidente un estadounidense».

Seis ex ministros de Relaciones Exteriores chilenos –de diferentes partidos– apoyaron a Chile en contra de las declaraciones de Claver-Carone y señalaron: «pareciera carecer de la personalidad adecuada y el buen juicio para encabezar» ese organismo.

En México tampoco ha caído nada bien la postulación: el subsecretario de Relaciones Exteriores de López Obrador expresó: «Para nosotros lo importante es que el nuevo director general siga siendo latinoamericano y que nunca el banco se dirija bajo ninguna tentación geopolítica en el continente». Y para que no quedara ninguna duda agregó: «Ponerle un director estadounidense ya no sería el BID, sería un banco norteamericano para el desarrollo o alguna cosa medio extraña». También criticó Reyes –como otros expresidentes– la excesiva politización sesgada del aspirante.

Para completar el cuadro de resistencias a la imposición de Claver-Carone, cinco expresidentes latinoamericanos –de derecha y de centro derecha– han expresado públicamente su preocupación: el colombiano Juan Manuel Santos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el chileno Ricardo Lagos, el uruguayo Julio María Sanguinetti y el mexicano Ernesto Zedillo.

Los gobiernos de la Argentina, Chile y México se han mostrado contrarios a apoyar una candidatura no latinoamericana. De la totalidad de miembros del BID (26 países Americanos) solo los actuales gobiernos de derecha de Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y Haití lo apoyan. Brasil ha presentado su propio candidato y de no ser ese el electo apoyaría la propuesta norteamericana, actitud que le ha generado enormes críticas a Bolsonaro, aun desde sus propias filas.

¿Hemos vuelto a las épocas de la Doctrina de la Seguridad Nacional? La gran nación imperio es cada vez más consciente de su debilidad frente a un mundo multipolar. En esa coyuntura, vuelve a intentar apropiarse de lo que considera su hemisferio propio. La propuesta de Claver-Carone es una prueba de ello. ¿Podrán imponer un candidato que genera alarma, rechazo y temor aún en los grupos políticos de centro-derecha de América Latina? ¿Tendremos un BID politizado que le entregue préstamos y recursos solo a los amigos de Trump? ¿Se transformará el BID en un banco norteamericano de corte exclusivamente neoliberal?

Sería una de las noticias más tenebrosas de las ya tenebrosas noticias de este 2020.