«No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece por haber delinquido, queremos que ese castigo tenga condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclaman», sostuvo este mediodía el presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos. Fue durante un acto virtual junto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en el que presentaron las primeras obras del plan de infraestructura bonaerense.

En esta primera etapa, los funcionarios inauguraron 364 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense en las Unidades Nº 32 de Florencio Varela, Nº 28 de Magdalena y Nº 47 de San Martín, equipadas con salones de visitas y de capacitaciones, y aulas para clases escolares y de oficios. La iniciativa prevé 2.000 plazas nuevas en los próximos ocho meses para reducir el déficit de 18.000 plazas heredadas de la gestión de María Eugenia Vidal, situación que la Justicia y organismos internacionales de derechos humanos calificaron como «crisis humanitaria».

También adelantaron que avanzan obras financiadas por el gobierno nacional para la construcción de quince hospitales modulares para personas privadas de su libertad en distintos puntos del territorio de la provincia.

«No podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento en que están hoy las cárceles argentinas», advirtió Fernández. «Si en las cárceles ponemos más camas, más distanciamiento entre los condenados y les damos la posibilidad de estudiar y prepararse para el día de mañana, les estamos dando mejores condiciones sociales para el futuro», aseveró.

Kicillof, en tanto, afirmó que las inauguraciones son parte de «una política integral». «Es una inversión que hay que hacer», sostuvo, y precisó que existe «reincidencia cero» en el delito por parte de aquellos condenados que acceden a estudios universitarios. «Hay 42.000 internos en la provincia, y 1.000 son analfabetos. Vamos a priorizar la formación en todos los niveles», reforzó.

El mandatario bonaerense cargó contra la gestión de María Eugenia Vidal. «Venimos de cuatro años en los que se pasó de 33.000 a 49.000» la cantidad de condenados, y cuestionó que en ese tiempo añadieron apenas 1.000 plazas al Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB). «Esto es absolutamente insostenible, no es una política, sino decisiones dispersas y equivocadas», fustigó Kicillof. A su vez, indicó que el plan de obras «marca un cambio de dirección en la política del sistema penitenciario».

También cuestionó a sectores de la oposición por sus reclamos contra liberación de presos. «Nosotros no definimos las libertades, ni quién ingresa con una condena. Lo hace el sistema judicial. Sí tenemos que dar determinadas condiciones para quienes tienen condena. Tenemos la responsabilidad de que las condiciones no sean inhumanas».

Del acto por videoconferencia también participaron el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el secretario de Obras Pública de la nación, Martín Gill; el jefe del Servicio Penitenciario, Xavier Areses; y los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín) y Gonzalo Peluso (Magdalena).

«Es un día histórico para el Servicio Penitenciario Bonaerense», celebró el ministro Alak, quien también aludió a las condiciones de las cárceles que dejó Vidal. «Comenzamos el gobierno con una verdadera catástrofe penitenciaria por la superpoblación y las deudas en el pago a los acreedores de alimentos y medicamentos, que generó la huelga de hambre», prosiguió. «Todo esto se empezó a solucionar cuando el presidente y el gobernador pusieron como prioridad en la agenda del Estado la solución progresiva de las cárceles bonaerenses, que es un problema histórico», concluyó.