El proyecto busca mejorar el servicio de Justicia a través de la unificación y la duplicación de la cantidad de los juzgados federales y de la designación de un consejo de notables para asesorar al Ejecutivo. Fernández cuestionó el rol de la Justicia durante el macrismo y pidió que se diga «Nunca Más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas».

El presidente presentó este miércoles desde la Casa Rosada el proyecto de reforma judicial, que tiene como objetivo «organizar mejor la Justicia Federal» y «superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia Federal con competencia penal».

Los principales ejes del proyecto que ingresará al Congreso por el Senado -donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría-, son la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en CABA a través de la fusión de los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicar su número para dar más velocidad a las causas en las que les toca intervenir y que incluyen delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y corrupción, entre otros.

Sostuvo que de ese modo busca «superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática».

El mandatario hizo una dura crítica a la gestión macrista. «Los cuatro años que precedieron mi asunción como presidente de la república estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de derecho». En esa línea, se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15, que suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, y a la Agencia Federal de Investigaciones, que volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales.

Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. También estuvieron la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otras autoridades parlamentarias e integrantes del Consejo de la Magistratura.

Otro punto relevante del proyecto es la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sus integrantes son especialistas en distintas ramas del derecho: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

Su función será elevar a Fernández propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de justicia. También analizar los problemas que se observan para el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa en el ámbito nacional, una condición imperiosa para poder abordar las posibles soluciones.

El presidente destacó a este equipo asesores: «He recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlos y convocarlas a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público».

La iniciativa había sido uno de los temas durante su campaña electoral e incluso de su discurso del 1º de marzo en el Congreso. De hecho, ayer volvió a repetir alguno de esos postulados. «De una vez por todas digamos Nunca Más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno».

La propuesta también busca que se implemente el sistema acusatorio, que ya fue aprobado en el Congreso y que otorga la dirección de los procesos penales a las fiscalías y da a los jueces el papel de garantes.