En un claro acto de regreso al camino de defensa de la soberanía argentina, el gobierno argentino, a través de un comunicado de la Cancillería, protestó enérgicamente por los ejercicios militares que el ejército del Reino Unido realizó en el territorio usurpado de las islas Malvinas.

El comunicado expresa que «el Gobierno argentino ha tomado conocimiento de que durante este mes el Reino Unido ha realizado, una vez más, ejercicios militares en las Islas Malvinas. En este ejercicio intervinieron, además del buque patrullero HMS Forth, la Compañía de infantería británica A y la aeronave A400M junto a los Typhoons de la 1435 Flight de la RAF, que forman parte del despliegue militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas».

También se señala en el texto que: «los ejercicios británicos violan todas las recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y por los acuerdos de los países con costas en el Atlántico Sur. Argentina reitera el llamado al Reino Unido a no realizar acciones militares en la región y a retomar las negociaciones diplomáticas por la soberanía en las islas en las condiciones que establece la resolución 2065 de la ONU».

La actual postura de la diplomacia argentina respecto del reclamo por la soberanía de las islas representa un giro de 180 grados en relación con el alineamiento que había tomado el gobierno de Cambiemos hacia los intereses del Reino Unido sobre el territorio usurpado. Alineamiento que se había visto plasmado en el Acuerdo Foradri-Duncan (firmado el 13 de septiembre de 2016). Con la llegada del gobierno del Frente de Todos, Argentina volvió al reclamo que desde la Reforma de 1994 tiene grado constitucional, lo que lo transforma en una cuestión de Estado.

La Constitución establece que «la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

El grado constitucional del reclamo de soberanía sobre el territorio usurpado por el Reino Unido desde 1833 hace que, más allá de los cambios de gobiernos, deba sostenerse (lo que no pasó durante el gobierno de Mauricio Macri).

En el actual comunicado se señala: «la República Argentina, a través de la Cancillería, rechaza en los términos más contundentes la realización de estas maniobras navales, aéreas y militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, que constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas».

«El Gobierno argentino seguirá manteniendo su rechazo a la presencia militar británica en el Atlántico Sur, bregando por el apoyo internacional en ese sentido, que ya se ha manifestado en numerosos esquemas regionales, bajo la premisa de que esa presencia es contraria a la política de la región de apego a la búsqueda de una solución pacífica para la disputa de soberanía», remarca el texto.

Luego se afirma que «en particular, la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur, contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas Malvinas están atravesando por el proceso de negociación recomendado por la ONU».

«La presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los estados de todas las demás regiones, en especial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región», concluye el comunicado argentino.