Mientras la investigación por la red de espionaje, escuchas y persecución ilegal durante la era Cambiemos continúa su curso, una ONG del ámbito judicial pidió que se retomen las evidencias frente a las operaciones de presión a jueces y fiscales por parte de la «mesa judicial» de Mauricio Macri. La regional de La Plata-Berisso-Ensenada de la asociación Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó ayer un pedido de amicus curiae para aportar las pruebas desarrolladas durante 2018.

La entidad formalizó el pedido ante el juez federal Sebastián Ramos. En el documento pide retomar lo investigado durante la etapa presidencial de Mauricio Macri, donde se develó la connivencia de figuras del Poder Judicial, políticos y medios de comunicación, para operar contra fiscales y jueces involucrados en causas que apuntaban al entonces oficialismo.

Según expresaron en un comunicado difundido ayer, la investigación llevada adelante por AJUS «describe de modo exhaustivo el mecanismo diseñado por la Coalición Cambiemos junto a medios de comunicación para vulnerar la independencia de los magistrados y la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina».

«Nosotros hicimos una denuncia en 2018 donde sosteníamos que existía todo un sistema de cooptación del Poder Judicial, un plan sistemático y estructurado. Por esto mismo fuimos convocados a Perú por el relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán. En 2019 la ONU transmite la preocupación al gobierno argentino, remarcando que los hechos que habíamos denunciado tenían la veracidad suficiente para que el Estado actúe de manera inmediata», dijo a Contexto el titular de AJUS, Emanuel Desojo.

Los datos aportados incluyen comunicaciones textuales del propio Macri con figuras del ámbito político y judicial, como el exfuncionario Germán Garavano o Juan Bautista Mahíques (acusado de presionar a la jueza Ana Figueroa, quien dio curso a las pruebas presentadas por AJUS).

En su momento, la petición de la ONU fue contestada por el entonces gobierno de Cambiemos con acusaciones de supuestas campañas en contra de Mauricio Macri. «Claudio Avruj fue quien primero salió a acusar al relator de la ONU de ser ‘parcial’, que sus apreciaciones no coincidían con la importancia de su rango. Por poco no dijo que era kirchnerista», expresó Desojo.

En tanto, en pleno proceso de investigación de las operaciones de espionaje y presiones ejercidas desde el poder durante la administración de Cambiemos, la ONG pide que estas pruebas sean retomadas para sumar evidencia a lo que se ha conocido como el «lawfare macrista».

La solicitud de amicus curiae presentada por AJUS aporta pruebas en torno a casos que tienen como víctimas a un conjunto de jueces y fiscales perseguidos por Cambiemos: Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Diana Cañal, Martina Forns, Daniel Rafecas y Gabriela Boquín. También aporta precisiones, tal como hizo la ONG ante la ONU, sobre la metodología implementada por la mesa judicial.