Nación impulsa un registro productivo de trabajadores informales

El objetivo es "estructurar y ordenar" el sector de la economía popular que alcanza a por lo menos seis millones de trabajadoras y trabajadores. Es parte de una serie de medidas para avanzar en la pospandemia.

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Por Gabriela Calotti

«El desafío es impulsar el trabajo desde abajo», aseguró Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la nación al referirse a la iniciativa gubernamental de abrir un Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Ese registro permitirá trazar un «mapa» de los millones de personas que se desempeñan en un sector de la economía sumamente vulnerable y precarizado por el neoliberalismo, golpeado más aún por estos meses de pandemia y restricciones laborales, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esa zona, que incluye a la CABA y a cuarenta municipios bonaerenses del conurbano concentra la mayor tasa de informalidad laboral, que también está presente en otras regiones del país, en especial en provinciales del norte, Córdoba o Santa Fe, por mencionar algunas.

Se trata de «un registro económico. Reconocerlos como trabajadores y no como pobres. Estamos planteando un registro productivo que tenga en cuenta a qué rama de la economía se dedica ese trabajador o trabajadora, en qué actividad y en qué lugar se encuentra», explicó Chena. «Esta puede ser una herramienta importante para la recuperación pospandemia» de la actividad económica y del entramado social de quienes «han ido encontrando su propio trabajo en una economía de subsistencia», agregó el funcionario.

El registro, que quedará abierto esta semana, en un primer momento por internet en la página del Ministerio de Desarrollo Social de la nación, contempla ocho ramas: agricultura familiar y campesina; comercio popular y trabajo en espacios públicos; recuperación, reciclado y servicios ambientales; construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental; industria manufacturera; servicios sociocomunitarios; transporte y almacenamiento; y servicios personales y otros oficios.

Las ocho ramas incluyen más de setenta actividades, que van desde trabajadores de la agricultura familiar y campesina en viveros y huertas urbanas, turismo rural, hasta trabajadores en comedores y merenderos; promotores contra la violencia de género, cuidadores de niñes, ancianos y personas con capacidades diferentes; jardineros, mensajería y delivery; vendedores ambulantes, feriantes, cartoneros, recicladores, albañiles, soldadores, ladrilleros, gasistas, plomeros, herreros, artistas callejeros, artesanos y limpia vidrios o vehículos.

Tras una primera etapa de inscripción online, una vez que lo permita la situación sanitaria por la covid-19, se harán inscripciones mediante operativos en el territorio. Tras una etapa de validación, se le otorgará al trabajador una credencial y un numero de registro. Para acceder al registro y poder inscribirse, las y los trabajadores pueden dirigirse a http://renatep.mds.gob.ar.

Para tener una idea del peso que las y los trabajadores populares tienen en la economía, no tenemos más que remitirnos a las cifras: Argentina cuenta con unos nueve millones de empleos formales y la economía informal tiene unos seis millones de trabajadores.

Este proyecto de registración de trabajadores de la economía informal se desprende de la Ley de Emergencia Social, que establecía un consejo de la economía popular que preveía dos herramientas: el salario social complementario y el registro de la economía popular.

Esta iniciativa es resultado también del impulso y del trabajo de diversas organizaciones sociales, varias de ellas nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

«Acá en La Plata, cada cooperativa y cada desarrollo productivo es un mundo», por eso «el camino es la articulación local y el desarrollo local», precisó Chena, que además es docente en la cátedra de Economía I de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. «El desafío es ver si podemos impulsar desde abajo el trabajo», sostuvo el funcionario, antes de subrayar que esto pretende ser «un reconocimiento del Estado por la actividad económica que hacen» las y los trabajadores populares.

En una segunda etapa ya están pensando en el desarrollo y la articulación de dichas actividades mediante canales de producción, crédito y comercialización. «Todo eso se tendrá que ir articulando para impulsar su desarrollo» local y territorial, porque el objetivo es «dignificar esta actividad. Que puedan acceder a un ingreso razonable, en condiciones razonables», concluyó.