Por Mauro Forlani*

En un artículo reciente, el analista económico Claudio Scaletta, en el portal cercano al oficialismo El Destape, señala que la idea inicial en la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados por parte del gobierno nacional implica el ofrecimiento de una quita de intereses significativa con pretensiones de sustentabilidad en el mediano plazo en relación con los cumplimientos de los pagos de los mismos.

Sin embargo, según el autor, la última oferta de 53 dólares de 100 nominal, cuando inicial rondaba los 40 dólares de 100, imposibilita ese sendero de sustentabilidad en el cumplimiento de los pagos. Señala también que un «arreglo» en estos términos reduce las capacidades del Estado para realizar política fiscal expansiva en plena y pospandamia e interrumpe el inicio de un círculo virtuoso que permita tener excedentes, incluso para atender el pago de la misma deuda.

En el periódico Ámbito Financiero, el economista Walter Graziano, en similar sintonía con la mencionada nota de El Destape, recomienda al gobierno «no apurarse» en retirar recursos. Lo hace en referencia a los programas IFE y ATP, que el gobierno ha volcado en el mercado para paliar la fragilidad económica y laboral en que aún se halla la sociedad civil por la pandemia.

Ambos escritos, si bien críticos, tienen una visión heterodoxa de las cuestiones económicas. Lejos estamos de un enfoque marxista o alguna variante troskista al momento de evaluar al gobierno nacional. No solicitan ningún cambio radical del capitalismo vernáculo, simplemente señalan la necesidad de sostener la «demanda» como modo de salir de la fragilidad económica de la pandemia.

Sin embargo, en estos días el gobierno nacional parece estar tomando distancia de esta perspectiva. Parece estar vacilando, titubeando.

Como botón de muestra de esta vacilación se ha dejado transcender una posible «racionalización» del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que gestiona ANSES, que implicaría circunscribir su cobro solo a los núcleos poblacionales agravados por la pandemia, es decir el AMBA, Chaco y a lo sumo alguna otra provincia donde surjan casos de covid-19.

Esta medida no tiene en consideración que la situación económica en la mayoría de las provincias se encuentra aún en un estado de debilidad, con empresas y trabajadores en un reinicio incipiente de sus actividades pero por debajo de una situación de relativa normalidad. Esto repercute en forma aún más acentuada y grave en desocupados, informales y monotributistas varios.

Además, se confirmó que la intención del gobierno es que los aguinaldos más elevados de los trabajadores estatales se fraccionen en cuotas.

Tanto la reducción del IFE como la segmentación en los salarios complementarios buscan algún grado de racionalización en las erogaciones del sector público.

¿Cuáles serían los motivos de dicha racionalización?

Hipoteticemos.

¿Dar una señal de credibilidad a los acreedores o al FMI para lograr cerrar el problema de la deuda? ¿Este sería el objetivo de una reducción del IFE?

¿Reducir las posibilidades de fogoneo inflacionario por «exceso» de demanda? ¿Disminuir la propensión de un sector de la sociedad a atesorar en divisas? ¿Estos serían los objetivos de implementar una segmentación de los aguinaldos?

Quizás algunos de estos motivos sean atendibles en sus particularidades, especialmente este último, pero, en términos generales, ambas medidas atentan con los principios redistributivos del Frente de Todes.

El regreso del kirchnerismo al gobierno no se puede limitar a racionalizar «austeridad» tras la orgía de endeudamiento macrista y menos en este contexto sanitario.

La administración de la «escasez» es rol histórico que le cabe a las gestiones conservadoras de los gobiernos neoliberales en América Latina. No debería ser el de un gobierno nacional y popular.


* Docente UNSL.