Días después del mentado «banderazo» fogoneado por la oposición para respaldar los intereses del sector empresarial, el campo popular tuvo su propia manifestación de apoyo a la expropiación de la firma Vicentin. En este caso, fue de la mano de las organizaciones sociales, que ayer desplegaron más de cien ollas populares en todo el territorio nacional para mostrar su respaldo a la medida encarada por Alberto Fernández.

«Estas acciones en diferentes puntos del país, las realizamos en apoyo a la decisión política del presidente Alberto Fernández de avanzar en el control estatal de Vicentin», ratificaron en un documento conjunto firmado por las entidades que ayer salieron a las calles. La jornada incluyó, además, una manifestación pacífica desde las 12 frente a la sede porteña de Vicentin, ubicada en Luis Sáenz Peña 1074, en CABA.

Principalmente, la jornada fue protagonizada por el abanico de organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), aunque la actividad central desarrollada en CABA contó con la presencia de referentes de sectores como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), la Corriente Nacional Martín Fierro, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, entre otros.

«Nosotros celebramos y destacamos la decisión de intervenir y rescatar una empresa que produce en un sector estratégico de la economía nacional. En ese sentido, sostenemos que tiene que haber una participación de las cooperativas agrícolas, de los productores de la agricultura familiar, y trabajar para la creación de un millón de chacras que permita una gran reforma productiva en Argentina», dijo a Contexto Gildo Onorato, referente de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita.

Para el sector, la intervención de Vicentin es un paso clave para «democratizar la producción, la economía y la tenencia de la tierra». La expropiación se presentaría como parte de un plan integral para modificar el modelo de mercado e industria alimentaria, que hoy está en manos de un grupo muy reducido de propietarios que responden al sistema financiero internacional.

«Hay que modificar este modelo, porque la producción de alimentos está concentrada en muy pocas manos que fijan precios y después vemos las consecuencias en las góndolas. Hay un sistema oligopólico que va desde la producción a la comercialización, el transporte y cada uno de los aspectos del circuito de los alimentos. La soberanía alimentaria es tan necesaria como la democratización de la producción», agregó Onorato.

En la región de La Plata y sus alrededores, la jornada tomó protagonismo en una decena de barrios de la periferia que también dijeron Sí al «control estatal» de la firma cerealera que obtuvo grandes beneficios por parte del macrismo y, aun así, quedó al borde del abismo. En distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada, la actividad se replicó en los barrios Las Rosas, Altos de San Lorenzo y El Rincón (La Plata), centros comunitarios de Villa Nueva, Villa Paula, Barrio Obrero y Villa España (Berisso), y en la Plaza Belgrano (Ensenada).

«Junto con el impuesto a las riquezas, esta intervención es una medida que demuestra las intenciones de este gobierno de conformar un proyecto un poco más justo y solidario hacia los sectores populares, entendiendo a los grandes grupos de poder como los únicos que se beneficiaron durante los años de ajuste que llevó adelante la gestión de Mauricio Macri», expresó Cristian Medina, referente de Somos Barrios de Pie en la región de la capital bonaerense.