La Contraloría General del Estado, a cargo de Pablo Celi, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) dejar sin efecto la inscripción del espacio político del expresidente Rafael Correa. El actual intento del gobierno de Lenín Moreno de proscribir al correísmo se suma a la persecución mediática-judicial (conocida como lawfare) desatada contra líderes y referentes de ese espacio político y al arbitrario encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas.

Mediante una carta abierta, los dirigentes del correísmo sostuvieron que «pese a que el Movimiento Compromiso Social existe desde el 2016 y ya ha participado en las elecciones del 2017, 2018 y 2019, la Contraloría General del Estado, sin ser su competencia, intenta una vez más de forma ilegal retirar el Registro Electoral a nuestro movimiento».

«Con esta nueva pretensión, la Contraloría General del Estado, realiza una intromisión en una Función del Estado, sobre un asunto que no tiene competencia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y pretende modificar las resoluciones del CNE, que en ejercicio de sus competencias determinó la existencia y legalidad del registro del Movimiento Compromiso Social. Todo esto con un claro interés político, pretenden eliminar el derecho de los ciudadanos a decidir», remarca el texto.

En rueda de prensa, Vanessa Freire, presidenta de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, aseguró: «Nos encontramos en momentos muy oscuros en el país. En este intento de violentar todos nuestros derechos de participación como movimiento político y también el derecho de todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos». Freire calificó estas acciones del gobierno de Moreno como «un golpe a la democracia».

Por su parte, el dirigente Virgilio Hernández se preguntó: «¿Por qué está tan desesperado el contralor general del Estado, que llega al absurdo y al mismo tiempo al ridículo? Porque él sabe que han sido tantas las violaciones que ha cometido que, por ello, ahora intenta por todos los medios que nosotros no participemos del próximo proceso electoral. Con eso intenta un fraude, porque estaría proscribiendo a la principal fuerza política que tiene el país».

Luisa González, secretaria ejecutiva del mismo espacio, aseguró que desde el gobierno «están dispuestos a todo para impedir que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana participen en las próximas elecciones. Violan la ley completamente», anunció que la Revolución Ciudadana impulsará un juicio político al contralor y sostuvo que «solamente los ciudadanos unidos vamos a salvar nuestro país y recuperar la democracia».

Dirigentes, referentes de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos de distintas partes del mundo expresaron su repudio a este nuevo acto de vulneración de la democracia en Ecuador.

Mediante un comunicado, el Grupo de Puebla expresó: «En América Latina se está viviendo hace varios años, una sistemática estrategia de las fuerzas conservadoras de judicialización de la política, y en particular de los proyectos progresistas, con la clara complicidad de los grandes conglomerados comunicacionales y una parte de las instituciones estatales y el poder judicial. Estrategia que se ha conocido y conceptualizado como ‘Lawfare’ (Guerra Judicial)».

«Uno de los casos más evidentes y preocupantes de implementación del ‘Lawfare’ sucede en Ecuador, donde no solo se vive la judicialización de la política, sino que ahora se pretende atentar abiertamente contra la democracia, impidiendo la participación política de una agrupación legalmente constituida, y que participó en el último proceso de elecciones seccionales (2019) alcanzando importantes espacios en las provincias más grandes del país», asegura el escrito, y remarca: «Quienes integramos el Grupo de Puebla expresamos nuestra profunda preocupación por el estado de vulnerabilidad democrática implementado por el régimen del Presidente Lenín Moreno. Hemos sido testigos del asedio permanente contra el Ex Presidente Rafael Correa, a su primera línea de conducción política y al proyecto de la Revolución Ciudadana con una serie de medidas judiciales y hoy, un abierto atentado a sus derechos de participación política. Alertamos a la comunidad internacional sobre la grave injerencia de funciones que se está dando en el Ecuador, con la posibilidad de impedir la participación de la Lista Electoral que representa a los partidarios de la Revolución Ciudadana, a través de una disposición de la Contraloría General del Estado, quien no tiene competencias en materias electorales, y haciéndolo fuera de los tiempos establecidos por el propio Consejo Nacional Electoral de Ecuador que puso como fecha límite el 19 de junio para el registro de organizaciones políticas, pretende dejar fuera del registro electoral al Partido de la Revolución Ciudadana».

Por su parte, el Partido Justicialista de Argentina también se expresó mediante un comunicado en el que repudia «la decisión antidemocrática del órgano de contralor del Estado Ecuatoriano que intenta proscribir al partido ‘Fuerza Compromiso Social’ del ex Presidente Rafael Correa y a otras tres organizaciones políticas».

«En un nuevo intento por limitar la democracia y el Estado de Derecho en nuestra Región, el gobierno de Ecuador busca impedir la participación política de una agrupación legalmente constituida, y que en el último proceso electoral seccional alcanzó importantes espacios de representación en las provincias más grandes del país», sostiene el texto.

En el comunicado se recuerda que «durante los últimos años hemos sido testigos de las maniobras antidemocráticas que realizan las fuerzas conservadoras de América Latina para evitar el triunfo de los líderes y los partidos políticos progresistas. En Brasil se llevó a cabo un juicio político sin pruebas a la Presidenta Dilma Rousseff y se encarceló a Lula, el máximo dirigente político del país en plena campaña electoral. En Bolivia se ejecutó un golpe de estado camuflado de fraude electoral que luego se comprobó que no era cierto, mientras que en Ecuador, además, se está desarrollando una preocupante guerra judicial (lawfare) contra los líderes del ‘correísmo’ y contra el propio ex mandatario de ese país».

Por último, se sostiene que «desde el Partido Justicialista denunciamos cualquier intento de proscribir a los partidos ‘Fuerza Compromiso Social’, ‘Podemos’, ‘Libertad es Pueblo’ y ‘Justicia Social’ y alertamos a la comunidad internacional sobre la grave situación política que atraviesa hoy Ecuador, con una evidente intención de impedir una nueva presidencia de Rafael Correa en el país […] Defendemos el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir libremente a sus representantes e instamos a que se respeten las instituciones democráticas como principal columna vertebral del sistema republicano».