Los representantes de trabajadores y empresarios manifestaron su apoyo a la propuesta del gobierno a los acreedores internacionales en el marco de la negociación. También de cámaras rurales, de la banca, la construcción y el comercio. Antes, el gobierno mantuvo su firme posición de pagar de acuerdo con las posibilidades y pidió a los bonistas «sentido común», luego de que estos rechazaran la oferta.

La jornada de ayer fue intensa en cuanto a los intercambios entre el gobierno nacional y los acreedores privados, en el marco de la tensa negociación en la que la gestión de Alberto Fernández busca reestructurar la deuda externa pública bajo legislación extranjera por un monto estimado en alrededor de 67.000 millones de dólares.

«Argentina no puede pagar más. Hemos publicado nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda», definió el gobierno en un comunicado por la tarde, luego de conocerse la postura de rechazo a la oferta por parte de los acreedores. El otro punto importante del comunicado fue que el gobierno manifestó su decepción por la respuesta de los bonistas. «El Gobierno de Argentina ha revisado y está decepcionado con la declaración del día de hoy por parte de tres grupos de acreedores», indicaron desde la cartera que conduce Martín Guzmán.

En este marco, ayer, en una reunión en la residencia de Olivos, el gobierno recibió un fuerte respaldo de los principales representantes de trabajadores y empresarios en su propuesta para renegociar la deuda externa. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Comercio manifestaron su apoyo al presidente. El domingo lo habían hecho los gobernadores.

«Estamos buscando una solución para siempre, que dure, y que no nos postergue más, que no nos haga retroceder», afirmó Alberto Fernández. Desde la CGT y la UIA apoyaron al gobierno y le expresaron su preocupación por los efectos del aislamiento en la producción. «Nos preocupa todo, tanto la deuda como la transición de la pandemia y la pospandemia, de qué manera salimos y de qué manera tenemos la posibilidad de transformar a futuro nuestro país», afirmó el titular de la CGT, Héctor Daer.

Qué planteó el gobierno a los acreedores

«Mucho puede cambiar en el transcurso de una semana. Tenemos la esperanza de que nuestros acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del COVID-19, Argentina no puede pagar más», continuó el comunicado del Ministerio de Economía.

«El Gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común», añade.

El gobierno reiteró que la oferta se condice con las posibilidades de pago, ya que los montos, las cargas de interés y los plazos cortos vuelven insostenible la deuda, tal como evaluó el Fondo Monetario Internacional. Y menos aún en el contexto de la inusitada y profunda crisis que desató la pandemia del COVID-19 y el aislamiento.

«Hemos publicado nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda y se encuentra alineado con el del Fondo Monetario Internacional. Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica», aseguraron.

Antes, los tres grupos que nuclean a los principales acreedores rechazaron en un comunicado la oferta para el canje de la deuda argentina que había presentado el Ministerio de Economía, por considerarla «desequilibrada e injusta». Esa fue la posición a la que llegaron los asesores legales de unos veinte fondos -organizados en tres comités- tras una videoconferencia titulada «Oferta de intercambio de la Argentina: por qué creemos que podemos hacerlo mejor».

Allí recomendaron no aceptar la propuesta argentina, ya que los nuevos bonos que se ofrecen como canje «son peores en términos económicos y legales». Aunque pusieron paños fríos a la situación. «Estamos listos para comprometernos constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales del país», señalaron en el comunicado.

La propuesta del equipo económico se mantendrá abierta hasta el 22 de mayo, y no hasta el 8, como era previamente. En esa fecha vencerá el plazo de gracia de treinta días hábiles para pagar los intereses de los bonos Global que vencieron en los últimos días de abril por un monto de 500 millones de dólares. vencida esa prórroga, el país entraría en default.

La oferta del gobierno consistió en una plazo de gracia de tres años para comenzar a pagar, de modo de permitir la recuperación económica, un recorte del 62% de los intereses (37.900 millones de dólares) y una quita de capital del 5,4% (3.600 millones de dólares).