Despidos y descuentos salariales en un bar concesionado por el Municipio

Se trata del Bar Malvinas, ubicado en el Centro Cultural Islas Malvinas. Hay dos cesanteados y más de veinte con rebajas salariales. Hacen responsable a un amigo de Garro.

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En medio de la emergencia sanitaria y con la prohibición de despidos decretada por el gobierno nacional, el bar que funciona bajo concesión en el Centro Cultural Islas Malvinas, a cargo de un amigo del intendente Julio Garro, avanzó con fuertes recortes salariales y una serie de despidos.

Hasta el 20 de marzo, día en que se anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los veinticinco trabajadores y trabajadoras concurrieron al restobar con normalidad. Los primeros días de abril se les comunicó que volverían a trabajar en grupos reducidos, en turnos de seis horas para la realización de comidas y reparto a domicilio. «En ese mismo comunicado se nos decía que la idea era reactivar la economía de la empresa, que este mes nos iban a pagar el sueldo completo, pero que el mes siguiente no sabían si nos iban a poder pagar, debido a la falta de ganancias de la empresa», explicaron.

A la hora de comenzar a trabajar, se encontraron sin insumos y con la sugerencia de las encargadas de que comenzaran a buscar otro empleo. Según detallaron las y los trabajadores en un comunicado, el 11 abril se apersonaron los dueños para dejarles el dinero de los sueldos a las encargadas. Antes de irse detallaron los cuidados, explicaron que se estaban tomando en cuenta las ideas que aportaron, aunque no pudieron garantizar la continuidad del bar. Cuando llegó la hora del pago salarial se encontraron con que estaba incompleto, y con la promesa de que verían «si les consiguen bolsones de comida» para que se llevasen.

José Spinelli y Julio Garro

Las y los trabajadores apuntan contra José Spinelli, amigo personal del intendente Julio Garro, quien estuvo al frente formalmente del restobar hasta finales del 2018. En ese momento, la firma SEGAST S.A. decidió retirarse, no sin antes pedirle la renuncia a todo el personal que estaba en blanco, sin cumplir ningún derecho laboral, para volver a incorporarlos pero en negro. La empresa que tomó la concesión fue Candy Cake, a cargo de Rodrigo Moralejo, primo de Spinelli, a quien los trabajadores, todos precarizados y con sueldos a la baja, siguen reconociendo como el verdadero dueño. Y señalan que también está a cargo de las concesiones de la Terminal de Ómnibus y el Pasaje Dardo Rocha.

Ante la falta de pago, uno de los trabajadores decidió apersonarse en la vidriería que tiene Spinelli para exigirle la parte del sueldo correspondiente y, según advirtieron, «este señor salió con su patota de empleados» para golpearlo. «Luego de unas horas, le comunicaron a él y a su esposa que estaban despedidos», denunciaron los trabajadores.

El lunes a la tarde tres trabajadores concurrieron al restobar para avanzar con el nuevo servicio de reparto a domicilio. Mientras fuera esperaban a Moralejo para mantener una reunión, dentro, quienes habían sido citados a trabajar «recibieron insultos, maltratos», y no pudieron terminar su turno porque fueron enviados a casa. La reunión con Moralejo nunca se concretó.

Ayer fueron los trabajadores quienes citaron a Moralejo a las 10 de la mañana, pero no se presentó ni él ni las encargadas. El bar no abrió. «Hoy los despedidos somos todos. Nadie se hace cargo, nadie va a abrir y no se presenta nadie», explicó a Contexto uno de los trabajadores. «El lugar está sin funcionar, las encargadas nos eliminaron de los grupos de WhatsApp, donde comunicaban quién iba a trabajar».

Carta presentada por los trabajadores

«Necesitamos que el Municipio nos dé una respuesta. Los empleadores no nos dan ninguna solución», agregó el trabajador, quien destacó que muchos de ellos han «sido partícipes de reuniones, mozos, cocineros, atendiendo en reuniones íntimas. Spinelli es uno de los mejores amigos de Garro y así consiguió todas las concesiones que tiene».

En este escenario, piden a Provincia que haga cumplir el decreto que prohibió los despidos, al tiempo que le exigen al Municipio que le quite la concesión a la empresa, «que nunca cumplió con los trabajadores, que jamás ofreció convenios colectivos de trabajo y que siempre impidió todo tipo de organización».