Ante los reclamos en las cárceles, Provincia propuso un programa de contención psicológica a internos

En medio del período de cuarentena, el Ministerio de Justicia bonaerense trabaja para intervenir en el proceso de prevención en los espacios de encierro del distrito. Ayer fue la primera reunión coordinada por la Dirección de Salud Penitenciaria.

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Mientras avanza el plan de contingencia por el avance de COVID-19 en Argentina, las necesidades y urgencias del proceso de prevención se hacen sentir en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Tras varios episodios de protestas y motines en cárceles del distrito, el gobierno puso en marcha un programa de contención psicológica a internos del Sistema Penitenciario Bonaerense.

«Es un programa del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, coordinado por la Dirección de Salud Penitenciaria», informaron a Contexto desde la cartera conducida por Julio Alak. El objetivo de la iniciativa está puesto en hacer frente a los efectos que provoca en la salud mental de los privados de libertad la pandemia del COVID-19.

«Miedo intenso, ansiedad, angustia, pánico, temor al contagio, indefensión, incertidumbre, irritabilidad y enojo» son algunas de las reacciones a tener en cuenta, según evaluaron entre el equipo de profesionales que ayer tuvo su primera reunión de capacitación en la ciudad de La Plata.

La titular de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas, explicó que «la comunicación de riesgo es esencial desde el punto de vista de la salud mental. Una buena estrategia de comunicación social es fundamental para mantener la calma y un estado emocional apropiado; una población bien informada puede actuar apropiadamente, protegerse mejor y ser menos vulnerable en el orden psicosocial».

Al mismo tiempo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó al Ministerio de Justicia bonaerense «medidas excepcionales y urgentes» que permitan descomprimir la superpoblación carcelaria. Según detallaron, incluyen hacer «uso de todas las potestades del Poder Ejecutivo, entre ellas, contemplar la conmutación de penas y otras medidas para mejorar la supervivencia en las cárceles y evitar la expansión de la pandemia».

Al mismo tiempo, se solicita «habilitar el uso de teléfonos celulares para promover el contacto con el núcleo afectivo de las personas detenidas». Desde la Comisión señalaron que se trataría de «una decisión simple, central y urgente para reducir los conflictos. La situación extrema que vive la sociedad genera mucha angustia en las personas privadas de su libertad, y la comunicación fluida con sus seres queridos es un elemento importante que tranquiliza».

Vale recordar que en los últimos días se conocieron protestas y disturbios en diferentes instituciones de encierro de diversas partes del país a raíz de las condiciones en que los internos deben atravesar el período de aislamiento y prevención por el avance del coronavirus. En el caso de la provincia de Buenos Aires, trascendieron los episodios ocurridos en Florencio Varela y Batán.