En las 63 unidades penitenciarias de la provincias de Buenos Aires se encuentran 49.000 personas privadas de su libertad. De ese total, 3.000 internos no poseen Documento Nacional de Identidad. Ayer anunciaron un programa de documentación para revertir esta situación.

Así lo establecieron la ministra de Gobierno, Teresa García, y su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quienes mantuvieron una reunión donde participaron también el subsecretario de Política Penitenciaria, Guillermo Moreno; el presidente del Patronato de Liberados, Aníbal Hnatiuk; el subsecretario de Gestión Operativa, Ignacio Uresandi; y el director del Registro Provincial de las Personas, Patricio Zalabardo.

«Junto al ministro de Justicia Julio Alak avanzamos en la creación de un plan documentario para resolver la situación de 3 mil personas privadas de su libertad que no tienen DNI», afirmó García en su Twitter.

Además, los dos ministerios anunciaron la reinstalación de una delegación del Registro de las Personas en el Patronato de Liberados para facilitar el acceso a la documentación de los internos que recuperan la libertad.

Asimismo se comunicó la inminente firma de un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos para agilizar, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad el acceso a la documentación referida al período 1975 -1983.