Tras un largo tiempo sin obtener mayores avances en la investigación por la muerte de Emilia Uscamayta Curí, fallecida en 2016 en una fiesta clandestina en La Plata, la Justicia realizó un nuevo movimiento en el desarrollo de la causa. Se trata de la reubicación en la lista de acusados de Daniel Piqué, exfuncionario de Julio Garro, quien había sido sobreseído por la Cámara de Apelaciones y Garantías de la capital bonaerense a mediados de 2019.

En este caso, la defensa de la familia de la joven estudiante de periodismo fallecida interpuso una queja ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, movimiento que logró tener lugar en la Justicia y, ahora, el excomisario Piqué (era secretario de Seguridad municipal cuando sucedió el hecho) deberá volver a enfrentar un juicio oral por su presunta participación como funcionario en el desarrollo de los hechos.

Cabe recordar que Piqué fue acusado de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» a raíz de la falta de controles que propiciaron la realización de la fiesta clandestina donde Uscamayta Curí perdió la vida.

«Piqué, junto con los empresarios de la nocturnidad vinculados a la causa de Emilia, fue elevado a juicio. Fue acusado de mal desempeño como funcionario público. Fue a través de los medios de comunicación que nos enteramos que había sido sobreseído por una de las salas de la Cámara de Apelaciones de La Plata», dijo a Contexto Adrián Rodríguez, abogado representante de la joven fallecida. «En función de eso, presentamos un recurso en Casación Penal bonaerense, que nos dio la razón y dijo que toda esta cuestión debe ser resuelta en un juicio oral y público», agregó.

«Piqué, junto con los empresarios de la nocturnidad vinculados a la causa de Emilia, fue elevado a juicio. Fue acusado de mal desempeño como funcionario público»

Entre los puntos interpuestos por Rodríguez para apelar el sobreseimiento de Piqué se argumenta una «absurda valoración de la prueba» y que «se ha apelado a dogmatismos para sobreseer al encartado».

Según señala el documento presentado en nombre de la familia Uscamayta, son «tres las circunstancias que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben tenerse en cuenta al examinar la posible violación al derecho del que goza todo justiciable a ser juzgado en un plazo razonable y con ello allanar el sobreseimiento: complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, y la conducta de las autoridades judiciales».

Asimismo, sostiene que, en la duración del proceso hasta el momento, «no se puede tener certeza negativa si no se agotó seriamente la investigación penal», en relación con los criterios apelados para el sobreseimiento de Piqué.

«La causa que tiene que ver con la responsabilidad de funcionarios públicos está prácticamente paralizada y caminando por el territorio de la impunidad. Estamos ahora en proceso de formular una denuncia ante la CIDH debido a la falta de justicia. En esa resolución donde se sobreseyó a Piqué, la misma Cámara de Apelaciones se pregunta por qué no han sido investigados otros funcionarios que formaron parte del gobierno de Julio Garro», manifestó Rodríguez.

Además de esta nueva reubicación de Daniel Piqué (único funcionario imputado), completan la lista de acusados el dueño de la quinta donde se desarrolló la fiesta, Carlos Bellone, Gastón Haramboure (quien tiene arresto domiciliario), Santiago Piedrabuena y Raúl «Peque» García, involucrados en la organización del evento. García hoy cumple arresto domiciliario por una causa de trata de personas.