«En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que, en coordinación con sectores del Poder Judicial, operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mi persona», escribió en sus redes sociales la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, tras difundir dos escritos que presentó ante la Justicia de Río Gallegos y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para declarar la nulidad de esas actuaciones. 

En ambas denuncias, la exmandataria destaca la «clandestinidad» de los operativos que redundaron en el juicio de ejecución a través del cual la AFIP le reclama casi 9 millones de pesos entre deudas, intereses y multas por supuestas irregularidades en sus declaraciones de Impuesto a las Ganancias por los períodos 2011, 2012 y 2016. 

En ese sentido, además de pedir la nulidad de lo actuado por la AFIP y por la Fiscalía Federal de Río Gallegos -que instruyó al organismo recaudador a realizar el procedimiento-, Cristina desestimó también la existencia de dichas irregularidades, que fueron determinadas en base a testimonios de terceros y no de información fehaciente, ya que todo se realizó sin la participación de la parte acusada, que no pudo brindar información. Pero fundamentalmente reclamó por la falta de notificaciones, que le habrían permitido en su momento impugnar las infracciones señaladas y evitar así que queden firmes, como finalmente ocurrió. 

En ese marco, pidió la nulidad de los procesos administrativos llevados adelante por la AFIP, las órdenes ejecutivas que se impartieron en base a esos procedimientos, y le requirió a la actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, que inicie una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales del caso. 

«Un grupo de tareas que trabajaba en la clandestinidad»

«Puntualmente se le ordenó al Organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio sobre mi persona. Pero con una insólita y gravísima particularidad: debían hacerlo en forma clandestina», denunció la vicepresidenta en ambos escritos. 

La conclusión de Cristina se sustenta en un pedido realizado por la Fiscalía Federal de Río Gallegos en octubre de 2017 que ordenó a la AFIP un proceso de verificación y determinación en su contra. Pero en el escrito la Fiscalía sostiene que «a los fines de materializar la tarea encomendada, no se encuentran autorizados a tomar contacto con el contribuyente fiscalizado», a pesar de que esa medida es violatoria de los propios reglamentos de la AFIP. 

Además, según la actual vicepresidenta, el requerimiento de la Fiscalía de Río Gallegos «se contrapone con el criterio de selección objetiva de los contribuyentes que debe seguir el Organismo recaudador respecto de los contribuyentes que deben ser sometidos a verificación». 

La falta de notificaciones, y por consiguiente la nula participación de la parte acusada, determinan según Cristina la nulidad de lo actuado. «Recordemos que se determinó la deuda sin darle intervención a esta parte, que esa determinación fue realizada sin analizar un solo libro ni papel de trabajo de esta contribuyente, que no se notificó la Orden de Intervención», advirtió. 

«Esta arbitraria conducta de las autoridades, estaba claramente destinada a hostigarme y perseguirme y no a conocer mi situación fiscal, que por otra parte, después de todas las intervenciones judiciales a las sociedades familiares y al patrimonio familiar, eran absolutamente conocidas tanto por la AFIP como por la Justicia Federal», manifestó la exmandataria, y consideró: «Actuaron así, como un verdadero grupo de tareas que trabajaba en la clandestinidad. Algo no sólo ilegal, sino inédito en cuanto a procedimientos de la AFIP».