El gobierno de la provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que oficializó el Ministerio de Salud nacional pocos días después de asumir. Los ministros de Salud, Daniel Gollán, y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, firmaron la resolución en un acto que se realizó este viernes en la Sala de Situación de la cartera sanitaria.

«Hoy estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser una naturalidad, estamos hablando de aquello que en Argentina es legal, pero consideramos que a partir de contar con esta herramienta habrá gente de los equipos de salud que va a empezar a perder el miedo y a participar del acceso a este derecho de forma rutinaria», señaló Gollán.

El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo es una guía de actuación médica vigente desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal, y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL de 2012. Establece que el aborto no es punible si representa un peligro para la vida o salud de la persona embarazada, o si es producto de violación.

El ministro de Salud nacional, Ginés González García, había publicado el nuevo Protocolo de Aborto No Punible en el Boletín Oficial el 13 de diciembre. «Es un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva», afirmó. Ahora la provincia le siguió los pasos y se pondrá en práctica en hospitales y centros de salud. Es un contraste con respecto al anterior gobierno de María Eugenia Vidal, que en 2016 no lo implementó y luego se mantuvo en contra.

Díaz sostuvo que la guía se actualizó de acuerdo con la que había hecho Gollán en 2015 durante su gestión al frente del Ministerio de Salud nacional. La ministra remarcó la necesidad de aplicar el protocolo para beneficio de la salud de la mujer y evitar situaciones en las que el sistema público recibe mujeres con interrupciones del embarazo realizados en el circuito clandestino e inseguro. «En cambio, la práctica del aborto en el primer trimestre de gestación es sencilla, medicamentosa, y hasta se puede atender no solo en los hospitales, sino en los centros de atención primaria de la salud», afirmó.

En cuanto a la objeción de conciencia, Díaz explicó que estaba contemplada en protocolos previos y subrayó que en esta nueva guía queda manifiesto que es un derecho individual, pero que las instituciones de salud pública deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso a los abortos no punibles.

Gollán se refirió también al debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), otro de los puntos de la agenda. «En algún momento tendrá que darse, y creo que no va a pasar mucho tiempo para ese debate en el Congreso». El ministro expresó que una vez que se logre que el aborto sea legal «tendremos la herramienta para avanzar en otros derechos que hoy faltan y que le siguen costando la vida a mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro».

En el acto frente a los ministros estuvieron las subsecretarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sexual, Lucía Portos y Flavia Delmas; la diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Macha; el asesor general de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel, y la subsecretaria de Planificación y Contralor Sanitario, Leticia Ceriani. También referentes del movimiento feminista, de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuita, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y la escritora Claudia Piñeiro.

La semana pasada, la provincia de Santa Fe también había adherido al ILE. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, otras nueve provincias lo hicieron: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco. Mientras que San Juan y Formosa no se adhirieron oficialmente pero utilizan el protocolo nacional.