El Tribunal Oral Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a genocidas ex policías federales. La causa «Gallone, Carlos Enrique y otros s/homicidio agravado, privación ilegal de la libertad» investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 67 personas, de las cuales quince continúan desaparecidas. Los delitos juzgados fueron cometidos en el centro clandestino conocido como Superintendencia de Seguridad Federal (o Coordinación Federal), que funcionó en la calle porteña Moreno 1417.

Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero condenaron por homicidio a Eduardo Norberto Comesaña y a Raúl Guglielminetti a la pena de prisión perpetua; a Carlos Enrique Gallone como coautor de violación, abuso deshonesto, secuestros y tormentos agravados a la pena de veinticinco años (unificada en perpetua por sus condenas en causas anteriores); y por privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados a Fausto José Mingorance, a diez años, y a Rafael Oscar Romero y a Juan Manuel Grosso, a siete años.

El genocida Gallone fue uno de los principales responsables de Coordinación Federal acusado en principio por privación ilegal de la libertad y tormentos. Tras el testimonio de las personas sobrevivientes que declararon en el juicio, se amplió a delitos de violencia sexual dirigidos especialmente hacia las mujeres secuestradas. Entre las víctimas de Gallone estuvieron Patrick Michael Rice y Fátima Edelmira Argentina Cabrera, representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En relación con este punto, las defensas de los acusados habían pedido la extinción de las acciones penales por la prescripción de delitos sexuales. Sin embargo, es importante destacar que los delitos contra la integridad sexual perpetrados en este marco son de lesa humanidad, por lo tanto, no prescriben. Gallone recibió su pena por la violación de siete mujeres recluidas en los centros clandestinos de Coordinación Federal y Azopardo. 

Acorde a un informe difundido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación a mitad de año, desde 2006 a julio de 2019, 915 personas fueron condenadas en distintos juicios por crímenes de lesa humanidad. De este número, solamente 94 (el 12%) recibieron sentencias por delitos sexuales cometidos durante la última dictadura cívico-militar, a pesar de las pruebas aportadas por las testimoniantes.

Además, acorde con este trabajo de la PCCH, de todas las causas en las que fueron juzgados delitos contra la integridad sexual, el 51% de los casos fue por abuso deshonesto o sexual, mientras que el 46% fue por violación y el 3% restante corresponde a casos de aborto inducido. 

A lo largo del juicio oral y público que juzgó por primera vez los crímenes cometidos en Coordinación Federal y Garage Azopardo, el abogado y periodista Pablo Llonto encabezó la querella como representante de María Alonso (sobreviviente de esta causa); mientras que el CELS formó parte de la querella unificada. Salvo Gallone, condenado a perpetua por la Masacre de Fátima, y Guglielminetti, con varias condenas por delitos de lesa humanidad, el resto de los imputados llegó libre al debate.