El gobierno nacional puso manos a la obra para comenzar a delinear su política más prioritaria, según definió el presidente Alberto Fernández el día de su asunción: el Plan contra el Hambre. Por eso, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, despuntó algunos detalles sobre el uso de la tarjeta alimentaria, destinada a los sectores que más sufren el avance de este flagelo.

La medida apunta a las familias de los barrios más afectados, que asisten a merenderos y comedores sostenidos por el Estado, organizaciones sociales o iglesias. Son ocho millones de personas. En particular, madres de chicos menores de seis años, que representan el 20%, puntualizó Arroyo ayer en declaraciones radiales. Ellas serán las primeras en recibirlas –alrededor de dos millones–.

Precisó también que la tarjeta será cargada de manera mensual para adquirir alimentos escogidos especialmente para cubrir lácteos, carnes, verduras y frutas en supermercados y ferias. No será para extraer dinero. Asimismo, el ministro explicó que «no habrá que anotarse en ningún lado» para acceder a la tarjeta porque ya fueron diagramados los padrones de las familias que más la necesitan, que la obtendrán en sus casas de los barrios donde más comedores funcionan.

Cuando hagan la compra, quienes la usen recibirán un 15% de devolución del IVA en los productos básicos de la canasta alimentaria. No se sabe aún de cuánto será la carga de cada tarjeta.

«Vamos a entregar una tarjeta de alimentos que no permite extraer dinero del cajero sino comprar comida para que las madres puedan adquirir lo que quieran. Las orientaremos mucho hacia trece rubros, sobre todo a carne, verduras y lácteos. La persona compra alimentos, se decodifica y un grupo de nutricionistas y promotores de salud le dicen: ‘fijate que estás comprando poco de esto, andá por allá'», explicó Arroyo.

La política contra el hambre incluye la cooperación de empresas y de organizaciones sociales, cuyos dirigentes ocupan incluso cargos importantes en el Ministerio de Desarrollo Social. Tales los casos del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, y el subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez, referente nacional de Barrios de Pie.

La urgencia de Alberto Fernández por atacar el hambre se sustenta en el preocupante índice de pobreza que dejó Mauricio Macri. Según el último informe de la Universidad Católica Argentina, la pobreza alcanzó al 40,8% de la población (16 millones de personas). Fueron 2,8 millones las personas que cayeron en la pobreza en el último año y es la cifra más alta de la década. A su vez, el 8,9% (3,6 millones) de las personas vive bajo la línea de indigencia.

La ciudad más pobre del país es Concordia, y hay versiones de que la tarjeta comenzaría por allí. De hecho, ayer Arroyo se reunió con Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, y el intendente de esa ciudad, Enrique Cresto.

Microcréditos para trabajadores y familias endeudadas

Otra medida de primera instancia que se propuso el nuevo gobierno fue intervenir para el desendeudamiento de las familias y jubilados. «Vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas», dijo Alberto Fernández ni bien arrancó su discurso en el Congreso.

Arroyo apuntó que los microcréditos serán no bancarios, otorgados por su ministerio para trabajadores autónomos, de modo que puedan comprar herramientas o insumos de capital. «Para que el carpintero tenga una sierra circular o una señora una máquina de coser, hasta máquinas más grandes», dijo.

Dijo también que «abarcará al 40% de la población, que trabaja por su propia cuenta, que es gasista, carpintero, plomero o que cose ropa en la casa. Serán a tasas bajísimas, del 2% o 3% anual». Sobre el segundo objetivo de los microcréditos, completó que servirán para «desendeudar a estas familias, que ahora toman créditos al 200% de interés anual», en relación con los préstamos de la gestión anterior.