Se acrecienta el reclamo de las personas presas en las cárceles bonaerenses por el crítico estado de sus condiciones de vida. Las huelgas de hambre comenzaron el jueves pasado en la Unidad Nº 9 de La Plata y ayer alcanzaron a 17 de las 57 cárceles de toda la provincia. Las demandas son por mejoras en la situación de detención y alimentación, dado el hacinamiento en que se encuentran.

Son 9.000 las personas privadas de su libertad que están en huelga, y representan el 20% del total de internos, que son 46.000 en las 57 cárceles, un número excesivo para esa cantidad, escenario que fue denunciado por entidades de derechos humanos.

También reclaman la restauración del sistema 2×1, la derogación de la llamada «Ley Blumberg» y que no se apruebe el proyecto de reforma del código penal, iniciativa del expresidente Mauricio Macri. A nivel legislativo. Solicitaron «el impulso de leyes o proyectos que aborden la emergencia y crisis que atraviesa el sistema penitenciario tanto provincial como nacional».

Las protestas se producen en medio del traspaso de mando en el Poder Ejecutivo bonaerense, y el grave cuadro de superpoblación y hambre que se vive en las cárceles implica otra herencia que le deja María Eugenia Vidal a Axel Kicillof, además del deterioro y pérdida de empleo y la deuda.

Ayer, el ministro de Justicia saliente, Gustavo Ferrari, y el entrante, Julio Alak, se reunieron para hablar del cambio de mando que se realizará hoy, y en ese marco trataron el tema de la huelga. Desde el gobierno de Vidal emitieron un comunicado donde se escudaron ante la protesta y la ligaron a que apunta a «condicionar a las nuevas autoridades».

En uno de los petitorios que entregaron a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), los detenidos requirieron que las «decisiones judiciales respeten los estándares y pautas que deben observarse en los tratados internacionales que regulan el instituto de la prisión preventiva y el plazo razonable del proceso penal, interpretando correctamente los fallos que emanan de la corte interamericana de Derechos Humanos».

Las unidades que llevan a cabo la huelga, con distintos niveles de adhesión, son las de Lisandro Olmos (Nº 1), Sierra Chica (Nº 2), Mercedes (Nº 5), Dolores (Nº 6), Azul (Nº 8), Los Hornos (Nº 8 y 33), Campana (Nº 21), Florencio Varela (Nº 23, 23, 31 y 32), Magdalena (Nº 35), Lomas de Zamora (Nº 40), San Martín (N° 46, 47 y 48).

Las personas privadas de su libertad y organizaciones de derechos humanos denunciaron que en las cárceles habían dejado de abastecer carnes rojas y blancas, y solo recibían hidratos de carbono como fideos, arroz y papas. También indicaron que la causa fue que el gobierno dejó de pagarle a la empresa que proveía los alimentos.

En este sentido se expresó la Comisión Provincial por la Memoria, que publicó un informe titulado «El hambre es tortura», donde advirtió a la Justicia que las cárceles habían dejado de recibir ciertos alimentos en los últimos meses. «Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada», apuntaron.

Otras organizaciones también se manifestaron por la «crisis humanitaria» que se vive en el sistema penitenciario bonaerense. «Un sistema penitenciario con cupo para 28.810 personas aloja a 48.827 en agosto del corriente», sostuvieron en un comunicado desde el área de Educación en Contextos de Encierro del Observatorio de la Enseñanza del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Cuestionaron asimismo la alta proporción de detenciones sin condena firme y la «nula» utilización de la prisión domiciliaria. «Sumado a las condiciones de detención se encuentra el hecho de que casi la mitad de la población detenida no tiene sentencia firme, observándose de modo ostentoso el incumplimiento de obligaciones constitucionales e internacionales. A su vez, debe considerarse la casi nula utilización de la prisión domiciliaria así como el bajo porcentaje de personas que pueden acceder a la libertad condicional», alertaron desde la casa de estudio platense.

El calamitoso estado de las dependencias del sistema penitenciario que deja el gobierno de Vidal tuvo su peor desenlace en noviembre de 2018, cuando murieron diez internos por un incendio en una comisaría de Esteban Echeverría, que significó la peor tragedia de la historia en las comisarías bonaerenses.