Por Pablo Pellegrino

La titular de la Oficina Anticorrupción durante la administración de Mauricio Macri, Laura Alonso, y el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, fueron procesados en el marco de una denuncia penal de 2016 por haber beneficiado a la petrolera anglo holandesa Shell, de la que el titular de energía habìa sido accionista y presidente de la filial argentina. 

Ambos procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva y a los dos se les trabó un embargo de entre 1 millón de y 1,2 millones de pesos. 

En el caso del ex ministro, el delito que se le endilga es de negociaciones incompatibles por maniobras que fueron denunciadas en 2016 por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade de la que resultó beneficiada la compañía que dirigió hasta 2015 Aranguren. 

Laura Alonso es señalada como encubridora por no impulsar ninguna investigación sobre esos movimientos ni pedir la remoción del funcionario frente a lo que se consideró una violación de la ley de ética pública. 

La denuncia original que presentaron los diputados opositores fue sumando, con el paso del tiempo, nuevos cuestionamientos a la conducta de Aranguren. 

En primer lugar, lo que los legisladores denunciaron es que cuando asumió al frente del Ministerio no se había cumplido el plazo que establece la ley de ética pública en su artículo 15. Aranguren fue presidente de la compañía hasta 2015 y no habían pasado los tres años que establece esa norma para las inhabilidades o incompatibilidades con el cargo, ya que debía decidir sobre el mercado energético en el que la empresa de que fue presidente y accionista participa.

En esa línea, también denunciaron que durante la administración del ex funcionario se cometieron distintos hechos que implicaron un perjuicio para el Estado, entre ellos, la compra de gas a Chile a través de la empresa British Gas, que sería propiedad de Shell, y por un precio mayor al que pagaría el Estado por traer gas en buques o desde Bolivia. 

Otros funcionarios del ministerio fueron señalados también en la denuncia de los legisladores por  incompatibilidades similares a las de Aranguren, como el Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, que habría sido ejecutivo de Axion; y el Secretario de Combustibles, José Luis Sureda, que fue Vicepresidente de Gas en Pan American Energy. 

En ese punto, agregaron que en la primera importación de gasoil por parte del Gobierno actual, habrían participado las petroleras Axion, Pan American Energy y Shell que, como subsidiaria de Royal Dutch Shell, salió adjudicada en siete de las ocho licitaciones. 

Luego, una denuncia presentada por el abogado Alejandro Zeverín Escribano, que puso el foco en el conflicto de interés que le cabía a la función de Aranguren, pero también apuntó que desde la “Oficina Anticorrupción a cargo de la Sra. Laura Alonso se ha aseverado que no hay ninguna disposición de la Justicia para que esté obligado a vender esa mínima participación accionaria, que no tiene ninguna incidencia sobre el manejo de la empresa. Que el caso no configura delito y que a lo sumo una cuestión opaca desde lo ético”. 

En este punto, el juez Rodríguez consideró: “Con gran asombro puede leerse de sus fundamentos que Alonso reconoce que Aranguren delegó la función que tuviera encomendada en CAMMESA a un funcionario directo suyo, circunstancia que en nada le llamara la atención a la imputada y que vilmente pretendiera naturalizar como legal”. 

Luego de enterarse del procesamiento, la actual titular de la Oficina Anticorrupción sostuvo en sus redes sociales que la medida es “política e injusta”, al tiempo que consideró que no hay evidencias para dictar el procesamiento. “Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el ‘lawfare’”, señaló.