Por Rocío Cereijo

Luego de reiteradas dilaciones y de la reducción del número de indagatorias, comenzaron las declaraciones de los militares argentinos acusados de torturar a sus compatriotas durante la Guerra de Malvinas. Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi pudieron hacer uso de la palabra el jueves y el viernes lo hicieron Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini. 

La jueza federal Mariel Borruto preside el tribunal en la ciudad fueguina de Río Grande. La acusación está a cargo del fiscal Marcelo Rapoport, quien en estas primeras jornadas fue acompañado por la procuradora de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, y el defensor oficial que asiste a los militares acusados de torturar a sus propios soldados subordinados en Malvinas, Guillermo Garone.

En el marco de esta megacausa se investiga más de un centenar de denuncias por torturas cometidas en el marco de la última dictadura cívico-militar en las islas. Las denuncias guardan similitudes con los vejámenes que aplicaron los genocidas en el continente con predominio de «estaqueamientos» y «enterramientos» hasta el cuello a la intemperie en un período donde la temperatura media mínima es de –6 ºC, mientras que la media máxima no supera los 8 ºC.

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La causa Nº 1777/07, caratulada «Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública», tiene origen en 2006 e investiga la posible comisión de delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio. Exconscriptos denunciaron diversos actos de tormentos por parte de sus superiores como respuesta a los reclamos de alimento y abrigo durante el conflicto bélico que se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. 

Los miembros retirados de las Fuerzas Armadas negaron haber formado parte de los tormentos aplicados a los soldados que forman parte de la acusación fiscal, y dieron su versión de los hechos al tribunal, aunque no aceptaron contestar preguntas. Además, presentaron descargos ampliatorios por escrito en los que solicitaron pruebas que serán evaluadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande.

El secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes (CECIM) La Plata y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, Ernesto Alonso, sostuvo que son responsables unos 95 militares de distintos rangos y escalafones pertenecientes a las tres fuerzas armadas: Ejército, Armada y Aeronáutica.

aLONSO: «Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, la de Malvinas fue la continuidad del terrorismo de estado aplicado a los jóvenes soldados conscriptos».

«Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, la de Malvinas fue la continuidad del terrorismo de Estado aplicado a los jóvenes soldados conscriptos, víctimas colectivas de una decisión tomada por la dictadura cívico-militar que nos llevó a una aventura bélica», expresó Alonso respecto de los hechos cometidos hace 37 años. 

Además, el integrante del CECIM La Plata dijo que «La batalla por la Memoria es una batalla que exige una tarea cotidiana, y como sociedad debemos entender y aprender de los errores propios y castigar a quienes nos llevaron, como en nuestro caso, al horror de la guerra, y a condenar las graves violaciones a los derechos humanos para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables y no sean protegidos por un manto de impunidad como hasta ahora».

Los jueces intervinientes tendrán diez días para resolver la situación procesal una vez terminada la indagatoria. Garde tiene denuncias de veintiséis víctimas por más de quince hechos de tortura, y Affranchino Rumi está acusado de un caso de tortura. Además, hay otros veinte imputados con pedido de declaración indagatoria.

En mayo, el juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete, citó a indagatoria a dieciocho militares y amplió el requerimiento de medida a otros seis imputados. Si bien las primeras audiencias debían realizarse entre el 27 de junio y el 4 de julio, la jueza federal Borruto decidió suspenderlas alegando falta de espacio y personal.