Por Rocío Cereijo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu –la jueza sustituta es Adriana Paliotti–, no autorizó la transmisión en vivo de la declaración de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Beraldi, abogado querellante, interpuso este lunes 2 de diciembre un nuevo recurso para solicitarle a los magistrados que se permitiera la transmisión de la declaración indagatoria de la exmandataria. Por la tarde, CFK publicó en sus redes sociales la filmación de las más de tres horas que duró sus exposición en el debate que catalogó como «una clase práctica de Lawfare». 

Solo la señal televisiva Crónica TV logró transmitir en vivo un tramo de la presentación donde Fernández de Kirchner apuntó contra los jueces en relación con este impedimento: «Han violado mi estado de derecho […] sin transmisión en vivo esto es una ficción». Además, la expresidenta cuestionó la decisión del Tribunal, quien omitió la importancia de esta declaración, al tratarse de una funcionaria del gobierno entrante, además de expresidenta: «¿Esto no les parece de trascendencia pública?». 

Al inicio de su declaración, cuestionó la persecución mediática y judicial en su contra: «Creo que precisamente estamos asistiendo hoy aquí a una clase práctica del lawfare en Argentina llevado a cabo por este tribunal». En esta línea, dijo que la lectura por parte del presidente del tribunal que dio inicio a la audiencia donde se deniega el recurso por el cual solicitaron transmitir en vivo fue una muestra de esa «guerra judicial» denominada lawfare. «El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos», explicó.

cfk: «estamos asistiendo hoy aquí, a una clase práctica del Lawfare en Argentina llevado a cabo por este Tribunal. El Lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del poder judicial para perseguir a dirigentes políticos».

Cristina Fernández de Kirchner también repudió la «doctrina Irurzun» (lleva este nombre por el juez de la Sala II de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, quien pronunció fallos sobre las prisiones preventivas de exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas) y explicó los motivos por los cuales no la aplicaron a ella. En este sentido, antes de ser electa como gobernadora decidió no tener fueros por voluntad propia y, a pesar de estar acusada, no pidieron su detención: «Es más, el juez Ercolini, el juez instructor de esta causa, que me procesó también por asociación ilícita, dijo ‘no le vamos a aplicar la preventiva porque no hay peligro de fuga'». 

«Bastó que fuera electa senadora para que tres días antes me dictaran la prisión preventiva que no pudieron ejecutar porque tenía fueros. ¿Qué buscaba la construcción mediática del gobierno?», continuó. Y agregó al cuestionar la intencionalidad: «Se pide prisión preventiva para mí cuando no la pueden ejecutar. Durante dos años no la tuve y no hubo un solo fiscal, un solo juez que la pidiera. Bastó que tuviera los fueros para que lo hicieran. Persecución que se extendió a embargos, inhibiciones; hasta quita de mi pensión como expresidenta». 

En relación con el rol del gobierno saliente, sostuvo que «tenía una mesa judicial donde hasta decidían quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar para sacarle prensa o para que saliera en los medios». Además, explicó de qué se trata el proceso de lawfare iniciado en su contra: «El plan fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien era presidenta de la república durante dos períodos consecutivos por el voto popular. Multiplicidad de procesamientos: […] ‘jefa’ de cuatro asociaciones ilícitas. La verdad que no sé cómo tuve tiempo de gobernar este país, porque me la pasaba armando asociaciones ilícitas. Dos de carácter familiar; dos de carácter público empresarial». 

Finalmente, habló del proceso por el cual la citaron: «Este juicio está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado; y que juntos la saquearon. Resulta ser que durante múltiples audiencias, escritos presentados, habíamos pedido que se hiciera una auditoría de la obra pública para auditar toda la obra pública y se nos denegó sistemáticamente». 

El domingo, la vicepresidenta electa publicó en Twitter: «En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático». Amparándose en los artículos 456 y 457 del Código Procesal Penal de la Nación y en el artículo 14 de la Ley 48, dijo que acudirá a la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la negativa de transmisión dispuesta por el tribunal.

Mirá la declaración de CFK

Horas después de su exposición ante los jueces, la ex presidenta publicó en su cuenta de Twitter un video que registró sus palabras en Comodoro Py. «Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas…», tuiteó Cristina junto al registro.

El video completo: