«Le pido al médico forense López Ramos que haga lo imposible por certificar el certificado de defunción de Johana para que yo pueda acceder a los restos de mi hija. Estamos reclamando nuestro derecho al duelo», reclama Marta Ramallo, a 28 meses de la desaparición y muerte de su hija. La mujer habla siete meses después de que, parada en las puertas de la Gobernación bonaerense y abrazada por el movimiento feminista, confirmara que los restos hallados a mediados de 2018 en Berisso coincidían con el ADN de Johana.

«Le estamos pidiendo al doctor (Norberto Mario) López Ramos, del Cuerpo Médico Forense que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se tomó licencia sabiendo que debía realizar el certificado de defunción de Johana, que nos entregue los restos para poder hacer una despedida y poder llorarla en un cementerio y no seguir yendo a un río», insiste Marta Ramallo, en una entrevista con Contexto.

En agosto del año pasado, pescadores de la zona encontraron restos humanos en las playas de Palo Blanco (Berisso), por los que se abrió una investigación en la Justicia bonaerense. Mientras tanto, en el ámbito federal y con una desaparición investigada como presunto delito de trata, la familia de Johana seguía pidiendo su aparición con vida. Diez meses después, con la burocracia y lentitud judicial de por medio, esas causas se cruzaron y se determinó que los restos coincidían con el ADN de la joven desaparecida el 26 de julio de 2017.

«Nos notificaron los restos que habían sido encontrados hace más de un año, con la Policía bonaerense y la Justicia provincial. Los restos pertenecían a Johana. Ellos sabían las características que yo daba, de los tatuajes de Johana: la pierna de Johana se encontró con el tatuaje que yo venía denunciando», detalla Marta Ramallo.

La madre de Johana explica también que sus restos fueron dejados por la Justicia «en una caja de cartón con un precinto y una cinta con unos números. Sin conservarlos para sacar pruebas: si había ADN, pelo, algún rasguño». Es decir que se puede haber perdido material clave para avanzar en determinar qué sucedió con la joven.

«Ellos los dejaron ahí y los archivaron durante un año. Si no hubiese sido por nosotros como querella hoy estaríamos reclamando a Johana con vida como se la llevaron. No hubo un juez que diga ‘esta piba que está de tal fecha desaparecida coincide con un tatuaje’. No hubo un juez real. Hubo un Poder Judicial cómplice. ¿A quién están encubriendo? ¿Por qué se ensañaron tanto y se siguen ensañando con las vidas de nuestras pibas? Nuestras pibas no aparecen muertas; las matan», apunta Marta Ramallo.

En este marco, la familia de Johana, que ha aportado nombres y datos concretos en la causa, reclama que la investigación avance y que haya justicia. «No hay ningún imputado. A veintiocho meses de que llevaron a Johana, siguen los mismos proxenetas, conocidos como ‘El Cabezón’, ‘El Tatuador’ y Novarini, que es uno de los proxenetas que incentiva a las pibas al consumo y después a la prostitución, dejándolas en un estado de consumo muy grande y le sigue agregando la venta de los cuerpos de nuestras pibas. Son los mismos personajes que veo yo hoy tomándome un colectivo y pasando por la zona que desapareció Johana. Siguen desapareciendo a nuestras pibas», sostiene Marta Ramallo.

La hipótesis central de la querella es que Johana fue desaparecida por una red de trata que opera en la zona roja de La Plata, con complicidad estatal y judicial.

«El Servicio de Calle de la Comisaría 9na sigue regenteando, sigue exponiendo las vidas de nuestras pibas como un mercado y no como víctimas de un estado de prostitución, de una red de trata, nos están llevando a todas nuestras pibas para ser prostituidas. Hoy no hay un juez firme que ponga un expediente de Johana sobre la mesa y diga ‘esto es un delito’, ‘esto se tiene que investigar’», explicó Ramallo, quien aseguró que también contaron con la complicidad de la fiscal Betina Lacki y la DDI de La Plata.

«Cuando los empecé a denunciar como cómplices, porque sabía qué habían hecho, a dónde se habían llevado a Johana y quiénes estaban regentando a nuestras pibas, a mi hijo lo golpearon hasta doblarle la mandíbula, aflojarle un diente y romperle la nariz para que yo me calle la boca. La segunda vez que denuncié al Servicio de Calle y la complicidad policial que hay en la zona a mí me tirotearon dos veces la casa», detalló Ramallo.

«A Johana no solo se la llevó el Cabezón, el Tatuador, Sebastián López, no solo fue Novarini. A una red no la hacés con cuatro perejiles», sostuvo. «El Estado la desapareció a Johana el 26 de junio, pero mucho antes hubo complicidad de ellos para que Johana no vuelva a su casa y pase a ser una víctima más de ellos», apuntó.

«Se la llevaron con veintitrés años y todos sus sueños»

«Yo no me canso de decir que a Johana se la llevaron con veintitrés años y todos sus sueños. No solo se llevaron la vida de Johana. Se llevaron a Johana sin saber quién era, sin saber las ilusiones, las metas y todos los sueños que cumplir, con una hija de seis años que el Poder Judicial cachetea una y mil veces más», dice Marta Ramallo.

La primera institución a la que recurrió la madre de Johana, fue una comisaría local. «Ahí nos quisieron hacer creer que mi hija se había ido con un macho», recuerda. A los quince días fue la fiscal Betina Lacki la que cuestionó a la joven, «diciéndome ‘ah, esta es la piba que buscás’, mostrándome fotos en ropa interior de Johana», detalla.

«Yo no buscaba esa Johana a la que ellos disfrazaban, a la que ellos expusieron, yo buscaba a Johana, con veintitrés años, que era una hija, una mamá de una criatura de seis años, la hermana de mis hijos», dice Marta, que hoy plantea la necesidad de hacer ese duelo.

«Le pido al médico forense López Ramos que haga lo imposible por certificar el certificado de defunción de Johana y yo poder acceder a los restos de mi hija. Basta, dejá de tomar un poco de aire acondicionado, agarrá una lapicera y firmame el papel», sostiene.